Monterrey. - El diputado de Morena, Mario Soto, pidió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que solicite medidas de aseguramiento de bienes contra Préstamo Feliz para garantizar los pagos a los afectados.
La empresa Préstamo Feliz es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que fue señalada por fraude y falta de pagos a inversionistas internacionales, con afectaciones equivalentes a cientos de millones de dólares que se le habían otorgado para la colocación de créditos.
Ahora, ante la falta de avances en la investigación, el diputado exigió información al respecto y que se prioricen los derechos de los afectados.
“El objeto del exhorto es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informe si dentro del expediente en contra de Préstamo Feliz se han solicitado las medidas de aseguramiento de bienes para garantizar pagos a los acreedores, y si no, que contemple solicitarlo.
“También que informe la cantidad de carpetas que tiene contra Préstamo Feliz y cuántas se han judicializado, y que se trabaje para judicializar las que aún no lo están”, dijo el diputado de Morena, Mario Soto.
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Así mismo, solicitó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) fortalecer la vigilancia para garantizar que, mientras Préstamo Feliz siga operando, lo haga conforme a la ley, para evitar más afectaciones.
“Es por eso que exhortamos lo que le comenté a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Condusef y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para este tema, porque solo en Nuevo León hay aproximadamente 11 denuncias en la fiscalía.
“Pero este también es un tema nacional, incluso de fraudes internacionales”, agregó el diputado local de Morena.
El caso de presunto fraude de Préstamo Feliz salió a la luz luego de que la empresa dejara de cumplir con los rendimientos prometidos y suspendiera operaciones.
Las investigaciones señalan afectaciones de casi 3 mil millones de pesos. En enero de 2026 fue detenido el fundador y propietario de la empresa, Fernando García Sada, por una acusación de presunta administración fraudulenta; sin embargo, posteriormente recuperó su libertad al no ser vinculado a proceso en esa etapa del procedimiento, mientras las indagatorias continúan.
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