Monterrey.- Desde hace tres semanas, Yudith sufre la prueba más difícil para una madre, pues la separaron de su hija porque su expareja finalmente cumplió la amenaza que le hizo en repetidas ocasiones: quitarle a la niña si lo abandonaba.
La historia de esta madre víctima de violencia vicaria no es única, abogados y jueces del ramo familiar aseguran que se han multiplicado los casos en los que el Poder Judicial emite fallos a favor de hombres que alegan que sus hijos menores de edad corren peligro con sus madres, y es motivo suficiente para que jueces los favorezcan.
Yudith acusó en un juzgado a su ex pareja de violencia física, psicológica, económica y amenazas contra ella y la menor, una adolescente de 12 años, quien de acuerdo con videos no quería separarse de su madre, pero no tuvo opción.
Cuando la mujer y su ex pareja se separaron, luego de tres años, ella nunca impidió la convivencia; sin embargo, el hombre aprovechaba esos momentos para continuar con las amenazas, por lo que ella solicitó que las entregas y recepciones de la niña se realizaran en el Centro de Convivencia del Poder Judicial.
“Yo tuve que cambiar mi domicilio porque tenía miedo”, relata Yudith, quien siguió siendo objeto de agresiones.
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Las amenazas comenzaron desde 2014, cuando el hombre le advertía que si terminaba la relación no volvería a ver a su hija. Finalmente, lo dejó, pero los problemas no acabaron con la separación.
El papá de la menor condicionaba la pensión alimenticia, ejerciendo violencia económica durante al menos siete años. En 2024 Yudith puso una demanda y se resolvió a su favor y obligó al hombre a cubrir deuda alimentaria. Pero éste solo hizo un pago hasta diciembre de 2025 y fue parcial.
Al día de hoy sigue sin cumplir el mandato judicial. Vendría un nuevo conflicto cuando, luego de una de una visita, el hombre escondió un rastreador digital en la mochila de la pequeña, lo que provocó una fuerte reacción emocional y la menor le dijo a su psicóloga de la Fiscalía de Justicia que no se encontraba preparada para convivir otra vez con su padre.
Yudith solicitó medidas de restricción, y su ex pareja tomó acciones legales. Pidió a un juez familiar la custodia de la menor, argumentando que sufría violencia con su madre pero le rechazaron los argumentos y el hombre decidió ir con un juez de control (es decir, ya no del área familiar, sino penal), a quien le explicó la misma historia y como única prueba mostró la captura de una publicación en la red social WhatsApp con un mensaje aludiendo al suicidio que, asegura Yudith, no es de su hija.
Sin embargo, el juez aceptó las pruebas y el 24 de junio pasado permitió que la niña fuera retirada de su domicilio con apoyo de la fuerza pública, mientras Yudith permanecía impedida para acercarse y se le prohibió comunicarse con ella durante un mes, periodo que su ex pareja intenta duplicar.
“La niña lloraba porque no se quería ir de su casa, y yo no podía hacer nada”, afirma Yudit, quien sostiene que durante la diligencia no se permitió el ingreso de su abogado y que desde entonces su mayor temor es que la separación se vuelva permanente y que su hija sea trasladada fuera del país, pues su ex pareja tiene familiares en Estados Unidos.
La madre también expresa preocupación pues asegura que su hija tiene citas con psicólogo y dentista a las que su padre no la ha llevado.
Para Yudit, su historia representa también un llamado a otras mujeres que enfrentan violencia y que pueden sentirse atrapadas por amenazas relacionadas con sus hijos, por lo que exige que las instituciones escuchen a las víctimas, revisen cada prueba y coloquen en el centro de cualquier decisión el interés superior de niñas, niños y adolescentes.