Monterrey.- Para prevenir el sobregasto de recursos públicos por parte de funcionarios en redes sociales, el Regio Poder presentó una iniciativa para establecer un tope a estas inversiones y garantizar que exista mayor transparencia sobre el origen del dinero utilizado en publicidad digital.
La asociación política indicó que se busca que el tope sea del 5 por ciento de los ingresos totales del funcionario, tanto lo que gana de su sueldo como servidor público, como ingresos privados.
“El monto está supeditado a el 5% de los ingresos reportados en el año previo de cualquier funcionario público.
“O sea, nos hace un tema muy democrático, creemos en el terreno parejo, creemos que es un tema que abona a un país en donde la democracia pues tiene que existir de cierta forma y creo que esto abona a que exista trazabilidad, transparencia y que no tengamos dudas como ciudadanía en cuanto a la procedencia de estos fondos”, dijo Arturo Ramírez, coordinador general de Regio Poder.
De acuerdo con la propuesta, el límite aplicaría a las inversiones destinadas a publicidad y promoción de contenidos en redes sociales por parte de funcionarios públicos, con el objetivo de evitar que se destinen cantidades excesivas de recursos para posicionar su imagen o difundir sus actividades.
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La asociación señaló que la medida permitiría establecer un parámetro para conocer cuánto dinero puede destinar un funcionario a este tipo de publicidad y facilitaría la revisión del gasto realizado durante el año.
Además de la iniciativa, la asociación pidió a los diputados que convocaran un periodo extraordinario para que analizaran lo antes posible dicha iniciativa y pudieran comenzar con la discusión y mesas de trabajo para enriquecerla.
“Solicitamos formalmente ante la Diputación Permanente, un periodo extraordinario de sesiones.
“No pedimos que se discuta el próximo periodo ordinario. Pedimos que se discuta a la brevedad, porque la indignación ciudadana no espera calendarios, no espera vacaciones y no espera periodos legislativos”, agregó Ramírez.
Por el lado de las sanciones, aunque no se especificó cómo, indicó que se prevén sanciones administrativas para quienes superen el 5% de inversión en redes sociales.
También se puntualizó que la iniciativa no es dedicada a ningún funcionario o partido político en específico, sino que busca establecer una regla general que permita a los ciudadanos conocer y comprobar que no se están utilizando recursos públicos adicionales para financiar publicidad en redes sociales.
La propuesta tendría que ser analizada por el Congreso local para determinar su viabilidad, así como los mecanismos de vigilancia y las posibles sanciones en caso de incumplimiento.
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