Monterrey.- La continuidad de programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad podría verse comprometida ante la falta de certeza financiera para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que operan en Nuevo León.
Por medio de un comunicado, las agrupaciones señalaron que algunas de ellas todavía esperan recibir la totalidad de los recursos correspondientes a 2025, mientras que para este año permanecen pendientes los resultados de una convocatoria y la emisión de otras contempladas dentro del programa estatal de apoyo.
La situación genera preocupación debido a que las organizaciones desarrollan proyectos enfocados en sectores que requieren atención permanente, como mujeres en situación de violencia, niñas, niños, personas con discapacidad y familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Algunas agrupaciones trabajan en la defensa de derechos y en la generación de oportunidades para comunidades que requieren acompañamiento especializado.
En Nuevo León existen 633 donatarias autorizadas, cifra que coloca al estado en el cuarto lugar nacional, mientras que más de 21 mil personas laboran en este sector.
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Para el Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil se contemplaron 229 millones 459 mil 934 pesos en el presupuesto estatal de 2025.
El mismo monto se mantiene para 2026 debido a la reconducción presupuestal, aunque las organizaciones aún enfrentan incertidumbre respecto a la distribución y entrega de los recursos de este ejercicio.
La preocupación no se limita a las propias asociaciones, ya que la falta de financiamiento puede repercutir en los servicios y proyectos que ofrecen directamente a la población.
De acuerdo con las organizaciones, la planeación de sus actividades requiere conocer con anticipación las reglas, convocatorias y recursos disponibles, debido a que muchos de sus programas tienen una operación continua y atienden necesidades que no pueden suspenderse fácilmente.
Ante este escenario, representantes de la sociedad civil hicieron un llamado al Gobierno de Nuevo León, así como a la Secretaría de Igualdad e Inclusión y a la Tesorería estatal, para que concluya la entrega de los recursos comprometidos durante 2025.
También solicitaron que se publiquen los resultados de la convocatoria correspondiente a 2026 y que se emitan las demás convocatorias previstas en las reglas del programa.
Las organizaciones señalaron que el cumplimiento de las disposiciones legales permitiría recuperar certeza para la operación de los proyectos y fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas y la sociedad civil.
El exhorto plantea que contar con reglas claras y recursos definidos no solamente beneficia a las organizaciones, sino que permite mantener programas que atienden directamente a sectores vulnerables.
Las agrupaciones insistieron en la necesidad de garantizar la continuidad del apoyo institucional y evitar que la incertidumbre administrativa termine afectando los servicios que actualmente reciben miles de personas en Nuevo León.