Monterrey.- La Plataforma de Participación Ciudadana RegioPoder A.C. presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional a la organización judicial de Nuevo León. La propuesta busca que la armonización con la reforma federal no sea una copia, sino una oportunidad para resolver problemas locales como el rezago de expedientes y la tardanza en los juicios.
Andrea García Sierra, fundadora de la organización, y Arturo Ramírez González, coordinador general, formalizaron la entrega mediante el mecanismo de iniciativa popular.
Los puntos clave de la propuesta ciudadana contemplan:
- Filtros de evaluación: Exige que la elección popular de jueces y magistrados cuente con exámenes previos. Un Comité de Evaluación seleccionará los perfiles con mayor capacidad e integridad antes de la insaculación pública y la votación.
- Vigilancia social: Crea una Comisión Ciudadana integrada por universidades, el Colegio de Abogados, el Consejo Nuevo León, organizaciones civiles y los tres Poderes para supervisar el proceso de selección.
- Protección a las decisiones judiciales: Establece de forma explícita que el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración no revisarán los criterios aplicados en los fallos ni sancionarán a los jueces por el sentido de sus resoluciones.
- Certeza presupuestal: Propone candados constitucionales para garantizar un incremento anual en el presupuesto judicial y su entrega oportuna durante el primer trimestre de cada año.
- Campañas reguladas: Limita las campañas judiciales a 60 días, prohíbe precampañas y proscribe el financiamiento público o privado para prevenir la influencia de intereses partidistas.
Sobre la relevancia de la evaluación de candidatos, Andrea García Sierra argumentó:
“Una transformación de esta importancia no puede limitarse a cambiar la manera en la que elegimos a quienes imparten justicia. También tenemos que preguntarnos qué instituciones queremos construir para Nuevo León. Si la ciudadanía va a participar mediante su voto, tenemos que procurar que quienes lleguen a la boleta hayan pasado previamente por procesos que valoren su preparación, capacidad e integridad”.
Por su parte, Arturo Ramírez González enfatizó la necesidad de resguardar la autonomía de los juzgadores:
“Podemos exigir responsabilidad, transparencia e integridad a quienes imparten justicia, pero existe una línea que ninguna institución debe cruzar: intervenir en la forma en que una jueza o un juez resuelve un asunto. La independencia judicial no es un privilegio de quien ocupa un cargo; es una garantía para cualquier ciudadano que tenga que acudir a un tribunal”.
En el aspecto económico, Juan Carlos Pérez Góngora, fundador de RegioPoder, puntualizó:
“Un Poder Judicial independiente necesita capacidad real para planear y administrar responsablemente sus recursos. La autonomía presupuestal no significa ausencia de controles ni de rendición de cuentas; significa generar condiciones para que la impartición de justicia pueda cumplir con sus responsabilidades con planeación, eficiencia y transparencia”.
RegioPoder confirmó su participación en las mesas de trabajo convocadas por el Congreso local para discutir los cambios a la justicia del estado.