Monterrey.- Organizaciones animalistas de Nuevo León advirtieron que el dictamen de la nueva Ley General de Bienestar Animal, que está por ser votado en el Congreso de la Unión, podría representar un retroceso en la protección de los animales y afectar disposiciones que actualmente están vigentes en el estado.
Durante una rueda de prensa, integrantes de la Confederación por los Derechos de los Animales de México (CODAM) y Nuevo León, señalaron que el decreto contempla la creación de una Ley General de Bienestar Animal, además de reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal y a la Ley General de Vida Silvestre.
Los activistas reconocieron algunos aspectos positivos del proyecto, como el reconocimiento de los animales como seres sintientes, el aturdimiento previo a cualquier acto de matanza, la obligación de los estados de contar con consejos de bienestar animal y programas de esterilización, entre otros.
No obstante, señalaron que el dictamen deja fuera de determinadas obligaciones y mecanismos de protección a animales de compañía, como perros y gatos, además de caballos de trabajo y animales abandonados.
"Dos leyes se reforman y una se crea. Se ha anunciado como el mayor avance en protección animal en la historia de nuestro país y en nuestro análisis concluye lo contrario", indicó Ivonne Escarcega de Prodefensa Animal (A.C).
Otro de los principales señalamientos es que la propuesta permitiría la venta o subasta de animales decomisados, situación que, afirmaron, no está contemplada actualmente en el país.
Ante esto, Gerardo Prado, de Huaperros Prado, ejemplificó el riesgo que implicaría esta disposición.
“Si yo decomiso animales, imagínese mañana tenemos un decomiso de animales de perros, pasado mañana los puedo estar vendiendo. O sea, olvídense de bienestar, bienestar animal, etcétera”, dijo.
Los activistas también alertaron que el proyecto contempla distintos supuestos bajo los cuales podría terminar en la muerte de un animal, entre ellos vivir en la calle, la falta de espacio para resguardar animales, alteraciones de conducta o dejar de ser útil para determinadas labores.
En el caso de los perros utilizados para labores de guardia y protección, cuestionaron que el dictamen permita su sacrificio cuando dejan de ser útiles para el trabajo que realizaban. También criticaron que una “alteración conductual” pueda convertirse en un supuesto para justificar la muerte de un animal.
En el ámbito estatal, las organizaciones señalaron que la nueva legislación podría generar un retroceso frente a disposiciones que ya existen en Nuevo León.
Entre ellas mencionaron la prohibición de las peleas de animales, restricciones para el uso de animales de tiro, medidas contra el encadenamiento injustificado y mecanismos de rescate, resguardo y adopción.
César Olivares, de Solovino Felicidad Animal, explicó que el problema radica en que la legislación federal no establece un piso mínimo que permita conservar las protecciones más estrictas de cada entidad: “Esta nueva ley no protege lo que en cada estado ya tiene una protección mayor.”
Ante este escenario, las organizaciones solicitaron al Senado retirar el dictamen en sus términos actuales y reabrir las mesas de trabajo con especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos involucrados en la protección animal.
Entre sus principales propuestas se encuentra establecer que la ley federal sea un piso mínimo de protección y que se respeten las disposiciones estatales que otorguen mayores garantías a los animales.
También pidieron eliminar cualquier disposición que permita utilizar la muerte como mecanismo de control, garantizar protección sanitaria para todos los animales, reconocerlos como seres sintientes y sujetos de especial protección, y evitar que animales decomisados puedan ser vendidos o subastados.
Preparan reformas para Nuevo León
En paralelo, las organizaciones adelantaron que preparan una iniciativa para modificar el marco jurídico de Nuevo León, con cambios a la Constitución estatal, el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Víctimas, la Ley de Protección Animal y la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Entre sus propuestas está reconocer a los animales como víctimas, permitir que tengan acceso al Fondo Estatal de Víctimas, crear un expediente único animal y establecer un registro público de personas inhabilitadas para tener animales.
También plantean crear delitos específicos para casos como daño a fauna silvestre y explotación animal organizada, además de permitir que fotografías, videos y diagnósticos veterinarios sean considerados elementos para iniciar investigaciones.
Y es que las organizaciones revelaron que, entre 2022 y 2025, se interpusieron más de mil denuncias por maltrato animal, sin que hasta ahora un solo agresor haya sido enviado a prisión ni se haya registrado una sentencia firme.
Finalmente, las organizaciones insistieron en que México requiere una legislación que incremente y no reduzca la protección existente.