Monterrey.- Organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León pidieron que se liberen los recursos correspondientes a los apoyos de 2025 y 2026.
Lo anterior al señalar que el retraso del gobierno del Estado pone en riesgo la continuidad de programas sociales, la atención a beneficiarios e incluso la permanencia de algunas asociaciones.
En rueda de prensa, el integrante del comité técnico que asigna los recursos, Agustín Landa, informó que al corte del 30 de abril de 2026 permanecían pendientes 177 apoyos correspondientes a 143 organizaciones por un monto de 88.5 millones de pesos del ejercicio 2025.
Añadió que, para el ejercicio 2026, existen otros 226 apoyos pendientes por 229 millones de pesos, por lo que el adeudo acumulado supera los 300 millones de pesos.
"El argumento es que no hay dinero. Eso es lo que nos dicen", expresó Landa, quien aseguró que el retraso en los pagos se encuentra detenido en la Tesorería del Estado.
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El presidente de Consejo Cívico, Mauricio de la Garza, señaló que el incumplimiento afecta recursos que, aseguraron, están contemplados en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y no representan un apoyo discrecional, sino un mandato legal.
“Desde Consejo Cívico hacemos un llamado firme a las autoridades responsables para que cumplan con los recursos comprometidos a las organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León durante el periodo 2025.
“En concordancia con lo establecido en la Ley de Fomento a la sociedad civil organizada, más que un componente administrativo, estos recursos representan un mecanismo para fortalecer la participación corresponsable de las organizaciones en la atención de los retos públicos de este estado”, indicó.
Las organizaciones advirtieron que muchas ya ejecutaron los proyectos aprobados con recursos propios o mediante la reasignación de otros donativos, situación que ha comprometido su operación.
Entre las principales consecuencias señalaron la reducción de servicios, disminución de beneficiarios, recortes de personal e incluso el riesgo de cierre de algunas asociaciones.
Asimismo, explicaron que han tenido que endeudarse para mantener programas de alimentación, salud, educación, atención psicológica y asistencia social, mientras esperan el pago de recursos comprometidos desde el año pasado.
Landa, señaló que recientemente el gobierno estatal solicitó nuevamente documentación correspondiente a los últimos cinco años, información que, afirmaron, ya fue entregada previamente como parte de los procesos de comprobación de recursos.
Sin embargo, consideró que este requerimiento representa una carga administrativa adicional en medio de la crisis financiera que enfrentan.
De acuerdo con datos presentados durante el encuentro, en Nuevo León existen 633 donatarias autorizadas, que generan más de 21 mil empleos directos y movilizan a más de 83 mil personas voluntarias cada año.