Guadalupe.- Un nuevo desalojo fue ejecutado este viernes en la colonia Jardines de Santa Clara, en Guadalupe, donde vecinos mantienen una disputa legal por la propiedad de los inmuebles que aseguran haber comprado hace más de 30 años.
El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en la calle Santa Isabel número 201, donde una familia de adultos fue retirada de la vivienda, de acuerdo con vecinos de la colonia.
Para realizarlo, acudieron elementos de Fuerza Civil y un grupo de trabajadores que se encargaron de sacar muebles y otros vienes para colocarlos en un camión.
Los habitantes de Jardines de Santa Clara han denunciado que los desalojos forman parte de un conflicto que se originó desde la quiebra de la entonces Fraccionadora Promisión, empresa que vendió los terrenos a las familias.
Según los afectados, después de la quiebra de la constructora algunos predios que ya habían sido vendidos fueron adjudicados a terceros, lo que posteriormente generó problemas para que los compradores pudieran escriturar sus viviendas.
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Los vecinos también señalan a Aníbal Elizondo Chapa, a quien acusan de haberse adjudicado de manera irregular diversos terrenos en los 80’s y los 90’s y posteriormente hipotecarlos.
Actualmente, los habitantes señalan a la empresa Administradora Cade como la responsable de promover procedimientos para adjudicarse más de 60 terrenos y ejecutar los desalojos con base en esas escrituras e hipotecas.
Ante los procedimientos, los afectados buscan obtener una suspensión que permita detener temporalmente los desalojos y contar con tiempo para defender jurídicamente la posesión de sus inmuebles. La próxima semana está programada una audiencia para continuar con el proceso.
“Queremos que nos otorguen la suspensión definitiva y nos permitan pelear de manera justa nuestro patrimonio.
“A nadie nos han llamado a testificar ni nada, no más de buenas a primeras están llegando a sacarnos y ojalá que se consiga la suspensión”, mencionó una de los vecinos afectados.
Los afectados sostienen que los desalojos se han realizado sin que previamente hayan tenido oportunidad de ser escuchados en un juicio relacionado directamente con su situación, por lo que consideran que los procedimientos son arbitrarios.
Hace un mes, los vecinos protestaron frente al Poder Judicial de Nuevo León, donde un grupo de inconformes fue recibido para darle seguimiento al caso.