Monterrey.- La diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, pidió que los 339 millones de pesos que la Federación entregará a Nuevo León como compensación por la caída en participaciones sean destinados directamente a los contratistas que actualmente ejecutan obras, sin pasar por la administración estatal.
La legisladora realizó el planteamiento durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Monterrey este domingo, al señalar que la llegada de recursos federales representa una oportunidad para atender parte de los compromisos financieros que mantiene el Gobierno de Nuevo León con constructoras y proveedores.
De la Garza explicó que los recursos corresponden al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, conocido como FEIEF, mecanismo mediante el cual se compensan disminuciones en los ingresos que reciben los estados por concepto de participaciones federales.
Aunque consideró positiva la llegada de estos recursos extraordinarios a Nuevo León, la diputada advirtió que desde su origen debe establecerse con claridad cuál será su destino y bajo qué mecanismos serán ejercidos.
Como presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, sostuvo que el recurso federal debe llegar etiquetado y acompañado de reglas claras que permitan conocer en qué se utilizará, particularmente ante los adeudos que, afirmó, mantiene el Gobierno estatal con empresas encargadas de ejecutar diferentes proyectos.
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“La partida federal es buena siempre y cuando la Presidencia de la República se asegure de que el dinero llegue directamente a los contratistas que estaban ejecutando la obra”, señaló la legisladora.
Su principal preocupación, explicó, es que los recursos sean entregados al Gobierno estatal para posteriormente pasar por la Tesorería de Nuevo León, debido a que considera que este proceso podría dificultar el seguimiento puntual del dinero y de los pagos realizados.
De la Garza insistió en que el objetivo debe ser que los 339 millones de pesos tengan un destino específico y que puedan utilizarse para cubrir compromisos relacionados con obras que ya se encuentran en proceso, en lugar de incorporarse de manera general a las finanzas estatales.
“Si hacen que pase por la Tesorería del Estado, ese dinero se va a pulverizar y va a terminar, ya sabemos dónde. Necesitamos que si ya la Presidencia de la República autorizó un presupuesto, se pague directamente a los que están construyendo ahora”, expresó.
La diputada señaló que existe preocupación entre empresas constructoras y proveedores debido a los adeudos que atribuyó a la administración estatal, por lo que consideró que la entrega de recursos federales debe acompañarse de mecanismos que permitan garantizar que sean utilizados para cubrir esos compromisos.
El planteamiento ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Nuevo León busca fortalecer sus finanzas y mantener el desarrollo de distintos proyectos de infraestructura, mientras que desde el Congreso local se ha insistido en la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos.
Para la legisladora, el punto central no es cuestionar la llegada de los recursos federales, sino establecer desde el inicio las condiciones para que puedan ser rastreados y destinados a los objetivos para los que fueron autorizados.
De la Garza consideró que si existe una bolsa extraordinaria para compensar la disminución de participaciones, ésta debe convertirse en una herramienta para atender compromisos concretos y evitar que el dinero termine mezclándose con otros recursos dentro de las finanzas estatales.
La diputada planteó así que la Federación establezca un mecanismo que permita que los pagos lleguen directamente a las empresas contratistas, con el propósito de dar certeza sobre el destino de los 339 millones de pesos.
El debate sobre la aplicación de estos recursos se da mientras Nuevo León recibe la compensación federal y se espera conocer las condiciones específicas bajo las cuales serán entregados y ejercidos. Para la legisladora local, definir esas reglas desde el comienzo será fundamental para garantizar que el recurso llegue a las obras y a quienes participan directamente en su ejecución.