CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya Cortés enfrenta un proceso por presuntamente haber recibido un soborno de 6 millones 800 mil pesos con el fin de aprobar la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por lo que la Fiscalía General de la República pediría a un juez federal que se de prisión preventiva al ex funcionario.
La FGR pedirá al juez que obligue a Anaya Cortés a asistir al Centro de Justicia Penal Federal como medida cautelar, mientras es imputado.
No es la primera vez que la Fiscalía General de la República implementa esta estrategia pues ya la había utilizado con Jorge Luis Lavalle Maury, el ex senador fue citado para el debate de las medidas cautelares sin embargo al presentarse se le dio prisión preventiva justificada en el fundamento de fuga por parte del acusado.
Ricardo Anaya deberá comparecer por videoconferencia estando en la Ciudad de México y en compañía de su abogado en caso de no hacerlo la FGR solicitará que se le declare al ex candidato presidencial como sustraído de la justicia.
Al igual que se pedirá una orden de aprehensión, por lo que existe la posibilidad de que se emita una ficha roja de la Interpol para su localización y captura.
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Este 8 de noviembre está programada la audiencia inicial de Ricardo Anaya Cortés.
La Fiscalía General de la República judicializó la carpeta de investigación contra el ex candidato presidencial por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Anaya Cortés fue relacionado gracias a una declaración de Emilio Lozoya Austin, quien dio a conocer que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto recibió instrucciones para dar más de 6 millones de pesos al panista.
El pasado 26 de agosto del presente año el ex funcionario compareció por primera vez y se le notificó que la Fiscalía General de la República buscaba imputarlo.
Eduardo Aguilar, defensor legal de Anaya Cortés mencionó que la FGR no entregó una copia de la carpeta de investigación a su cliente por lo que una defensa adecuada era imposible.
Debido a esto el juez Gustavo Aquiles Villaseñor dio 15 días a la Fiscalía General de la República para entregar una copia de la carpeta y además se le dijo al acusado que las videoconferencias debían ser realizadas dentro de México pues la primera el panista se encontraba en Estados Unidos.