Ciudad de México. – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuso el caso de un elemento de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) que el 24 de noviembre de 2020 murió luego de ser enterrado vivo en el desierto de Mexicali, Baja California.
Detalles referentes a su deceso explican que el hombre recibió un “método de castigo” durante un curso de entrenamiento que consistía en introducirse en un búnker que los cursantes habían excavado.
El servidor público que fungía como instructor ordenó a cinco soldados a adentrarse a dicha construcción. Todos fueron enterrados y, de acuerdo a los testimonios recopilados, el guía caminó sobre la tierra que los cubría.
Señalan, además, que hubo toma de fotografías y risas al respecto de este tipo de práctica que suele ser recurrente en estos escenarios, pero en este caso, sin la supervisión del responsable principal del grupo.
Siendo auxiliados por algunos compañeros que estaban al exterior, cuatro de los soldados sepultados lograron salir del búnker, sin percatarse que uno más se había quedado al interior.
No fue hasta que una de las personas previamente sepultadas regresó a la estructura para buscar su cargador de teléfono, quien se percató que su compañero yacía inconsciente. El individuo fue trasladado a un hospital, pero llegó al mismo ya sin signos vitales.
“Las investigaciones de la CNDH evidencian que la víctima fue privada de la vida por acciones y omisiones de quienes estaban a cargo del entrenamiento, elementos adscritos a la SEDENA, con lo cual se violentó el derecho a la vida de la víctima y se alteraron los derechos de los integrantes de su familia”, escribió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un comunicado.
En consecuencia, el órgano autónomo solicitó a la Sedena a inscribir a las personas afectadas por estos hechos en el Registro Nacional de Víctimas, y que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las víctimas indirectas, que incluya una compensación justa y suficiente tomando en cuenta la gravedad de los hechos, además de que se les otorgue atención médica integral y psicológica permanente.
Asimismo, exhortó a la Secretaría a colaborar con el Juzgado Militar encargado del trámite de la Carpeta de Investigación en contra de las personas servidoras públicas responsables de los hechos mencionados.