Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció este martes 28 de marzo sobre la muerte de 39 migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.
"Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de iban a ser deportados, movilizados, y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia", declaró en su conferencia matutina.
El mandatario expuso que el incidente ocurrió a las 21.30 horas en Ciudad Juárez, en la frontera con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, con un saldo oficial de 39 fallecidos, la mayoría de ellos de Centroamérica y Venezuela.
"Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Es muy triste que esto pueda suceder", remarcó.
En la zona del siniestro, cerca del río Bravo que divide a México y Estados Unidos, EFE constató decenas de bolsas que contenían los cadáveres de los migrantes que perecieron en el incendio.
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Testigos expresaron a medios locales que el fuego comenzó en el área donde estaban los hombres migrantes retenidos y algunos de ellos quedaron atrapados.
"Está allá el director de Migración (Francisco Garduño, del INM), desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y, desde luego, la Fiscalía General de la República para proceder legalmente", avisó López Obrador.
Antes del incidente, los agentes del INM habían hecho un operativo para remover de las calles a migrantes que piden limosna. La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el Título 42.
El Gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.