Ciudad de México.- José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, cuyo nombre resaltó en la opinión pública luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue sentenciado a 92 años de prisión por un juez federal.
El delito que se le imputa es su responsabilidad penal en el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre los que se encuentra, el funcionario perredista Arturo Hernández Cardona. Asimismo, ente esas víctimas también se encuentran los integrantes de esta organización Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa.
Dicha sentencia fue impuesta por el juez federal Samuel Ventura Ramos, quien a su vez retiró a José Luis Abarca el delito de delincuencia organizada debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró comprobar que él mantenía un vínculo con el grupo Guerreros Unidos, cártel al que se le adjudica la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además de esta sentencia, José Luis Abarca deberá cubrir una multa de 920 mil 700 pesos por reparación del daño, la cual puede reemplazarse por 15 mil jornadas de trabajo comunitario. De acuerdo a un medio de comunicación nacional, la defensa de José Luis Abarca e integrantes del Ministerio Público Federal ya fueron apeladas, tanto por la defensa y el Ministerio Público Federal.
Entre los argumentos interpuestos por la defensa del exalcalde de Iguala se encuentra que el asunto por el que se le responsabiliza es de orden local y, para ellos, no existe algún camino que lleve a que José Luis Abarca haya sido el responsable de este secuestro o que haya pedido alguna especie de rescate. Especialmente, negaron que el delito por el cual se le sentenció sea parte de la desaparición de los estudiantes normalistas.
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Ante los argumentos interpuestos por la defensa de José Luis Abarca, el delito de secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular fue llevado legalmente al ámbito federal, lo cual desembocó en la condena de 92 años de prisión emitida por el juez federal.
Fue en septiembre de 2022, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) abrió otro expediente en contra de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y los calificó como presuntos responsables de delincuencia organizada, específicamente en su participación en delitos contra la salud y por su relación con el cartel de Guerreros Unidos. En este tiempo, Felipe Flores Velázquez, exsecretario de seguridad pública de Iguala, Guerrero, también fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada y delincuencia organizada.