Ciudad de México.- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, dijo ayer que para la elección presidencial de 2030 su partido no elegirá a un candidato ciudadano, tras dos fuertes derrotas en 2018 y 2024 con esa figura, y se apuntó para ser él quien represente al colectivo político.
“La gente lo que quiere hoy es quién resuelva los problemas del país. Esto no es de buenas personas, no porque nosotros no lo seamos, lo somos, tenemos principios y valores, pero esto no es así. Ya nos pasó dos veces”, dijo Moreno en una reunión en la sede de su partido en Ciudad de México.
Recordó que en 2018 y 2024 “dos veces hemos tenido candidatos (ciudadanos)”, el primero fue José Antonio Meade, que perdió ante Andrés Manuel López Obrador, presidente de 2018 a 2024, y la segunda en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, quien fue derrotada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
En otros hechos, ¿Qué es la ‘Ley Esposa’, aprobada en San Luis Potosí y rechazada por Sheinbaum?
El pasado 19 de diciembre, el Congreso de San Luis Potosí aprobó reformas electorales que obligan a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027.
Esta medida, denominada coloquialmente como “Ley Esposa”, se sustenta en los principios de paridad sustantiva y alternancia de género, ya que el estado nunca ha sido gobernado por una mujer.
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Sin embargo, la ley ha desatado una fuerte polémica nacional. Diversas voces señalan que la reforma busca limpiar el camino político para Ruth González Silva, actual senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al eliminar competidores masculinos.
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier forma de nepotismo y solicitó revisar la constitucionalidad de la norma, cuestionando si un estado puede imponer un género específico para un periodo electoral.
Por su parte, Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, anunció que el partido interpondrá una acción de inconstitucionalidad.
Argumentó que, aunque la paridad es fundamental, no debe utilizarse como herramienta para restringir derechos políticos ni para facilitar prácticas que perpetúen clanes familiares en el poder estatal.