Hermosillo.- Un juez de control determinó la liberación de cinco personas que habían sido detenidas por su probable responsabilidad en el incendio de una tienda Waldo’s, ocurrido el pasado 1 de noviembre. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) manifestó su total desacuerdo con este criterio, señalando que promoverá los recursos legales necesarios para revertir la medida. Según la institución, el juzgador permitió que la defensa prolongara el debate con argumentos de forma, como la supuesta falta de legibilidad o color en las copias del expediente, a pesar de que la carpeta original estuvo disponible en tiempo y forma.
La controversia escaló debido a que el juez otorgó un plazo de 18 días a la defensa para estudiar el caso, contraviniendo el límite constitucional de 144 horas establecido en la ley mexicana. La Fiscalía explicó que, pese a que había tiempo suficiente para proceder con la vinculación a proceso y los hechos habían sido expuestos con claridad, el juzgador optó por suspender la audiencia citando el volumen del expediente. La autoridad ministerial subrayó que varios de los implicados ya conocían la investigación al haber comparecido previamente, por lo que calificaron la prórroga como una tolerancia excesiva a tácticas que obstaculizan la justicia.
El siniestro en la sucursal de Hermosillo se suma a una lista de 12 incendios registrados en esta cadena comercial desde el año 2007. Este evento ha puesto bajo la lupa los protocolos de seguridad de la empresa, que opera más de 900 tiendas en todo el país. Aunque los peritajes iniciales sugirieron que el fuego pudo ser provocado por una falla en un transformador eléctrico, la detención de estas cinco personas mediante órdenes de aprehensión formaba parte de una línea de investigación específica sobre responsabilidades directas en la tragedia.
Por su parte, Waldo’s informó que continúa colaborando con las autoridades y brindando apoyo a los afectados, incluyendo la cobertura de gastos funerarios y traslados médicos especializados a Estados Unidos. Sin embargo, la Fiscalía estatal aseguró que mantendrá firme su pretensión punitiva para garantizar la reparación integral del daño. El proceso judicial entra ahora en una fase de apelación, mientras la sociedad civil y el sector comercial exigen claridad sobre las condiciones de seguridad en establecimientos de bajo costo que han proliferado aceleradamente en las últimas décadas.