Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general y lo particular la Ley General de Aguas, al tiempo que se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Estas disposiciones fueron aprobadas con 324 votos a favor, 118 en conta y dos abstenciones, esto luego de más de 24 horas de discusión.
El siguiente paso consiste en que esta reforma pasará al Senado de la República, donde se ha hablado de una aprobación en “fast track”, es decir, que no pase a ninguna comisión y que vaya directo a discusión en el pleno del Senado.
De acuerdo con el senador esta medida se debe a que la Ley de Aguas ya ha sido discutida y ya se le han hecho ajustes, por lo que no requiere pasar a análisis en comisiones.
“Por lo que hemos visto hasta este momento, detrás de las inconformidades hay muchos intereses políticos, los aparadores de agua están detrás de esto”, dijo.
¿En qué consiste la nueva Ley de Aguas?
Esta reforma a la Ley General de Aguas habla de las concesiones para procurar estos recursos y evitar que sea intercambiado entre particulares, para dar la certeza de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sea el organismo que se encargue de su distribución.
Con las modificaciones aprobadas el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).
Además, desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.
También integra un catálogo de conceptos sobre responsabilidad hídrica para reconocer las prácticas que tendrán las personas concesionarias o asignatarias, al tiempo que se crea un Registro Nacional del Agua como una herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.
En la discusión el diputado Marcelo de Jesús Torres (PAN) consideró que la nueva ley "es una ley rígida, sospechosa y hostil" que carece de presupuesto, pero tiene control político, recorta derechos, debilita al productor, asfixia a la industria, rompe con la certeza jurídica, "convierte el agua en la moneda de control político, no contribuye a la política hídrica y no moderniza nada sino centraliza".
Mientras que la diputada Laura Ballesteros (MC) llamó a tener justicia hídrica para millones de mexicanos "pues 20 millones de personas no tienen agua, el 1 % de la población" y "hoy se pretende hacer un botón político, en lugar de una ley profunda que resuelva problemas".