Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) oficializará este lunes la lista de aspirantes a la elección judicial del próximo 1 de junio, tras recibir y revisar los registros enviados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En total, se incluyeron 4,224 candidatos; sin embargo, persisten inconsistencias en los datos proporcionados.
El informe del INE detalla que muchas postulaciones presentan información incompleta, como ausencia de datos de contacto, fechas de nacimiento incorrectas, falta de CURP o la omisión del puesto por el que compiten.
Un grupo de 420 aspirantes en funciones obtuvo pase automático, según una primera evaluación del organismo electoral. El Poder Judicial, que envió un total de 955 registros, es el que muestra más omisiones. Ninguno de sus candidatos cuenta con información de contacto ni datos de identificación como CURP o Clave de Elector.
Esta situación es resultado de la suspensión del proceso de selección por parte de su Comité, que acató órdenes judiciales antes de renunciar cuando el Tribunal Electoral ordenó al Senado continuar con el procedimiento.
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Por su parte, el Poder Legislativo remitió 1,416 registros, de los cuales la mayoría contiene datos completos, salvo por algunos errores menores, como una fecha de nacimiento incorrecta y cuatro registros sin CURP.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo presentó 1,430 aspirantes, aunque 13 carecen de correo electrónico y dos jueces de distrito no especificaron su circuito ni especialidad.
El Consejo General del INE someterá a votación el acuerdo para validar los listados y proceder con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Gaceta del Instituto y su portal web. A pesar de las irregularidades, el proceso avanza conforme a lo establecido en el marco electoral.
En otros hechos, INE prohíbe utilizar a menores de edad víctimas de delitos en campañas judiciales
El pasado martes 11 de febrero, el Instituto Nacional Electoral, estableció que en las elecciones judiciales estipularon restricciones para evitar que niñas, niños y adolescentes sean utilizados con fines políticos.
Con esta medida, se busca impedir que candidatos lucren con casos de menores víctimas de delitos para ganar simpatía electoral.