Ciudad de México. – La organización independiente Artículo 19 México y Centroamérica reportó un incremento preocupante en los casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación.
De acuerdo con el estudio titulado “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, en lo que va del año, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, en México se registraron 51 casos de persecución de esta índole.
Señala además que “39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres, así como 12 medios de comunicación fueron notificados de procesos legales en su contra”.
Artículo 19 indicó que esto se traduce a un “nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio”, lo que refleja un patrón sistemático de presión legal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.
La organización afirmó que este fenómeno representa un cambio en la forma de violencia contra periodistas de México, y es que ya no solo se limita a agresiones físicas o amenazas, sino que ahora también se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos electorales.
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Al tener en cuenta esto, Artículo 19 advirtió que la judicialización del periodismo constituye un grave riesgo para el derecho a la información.
Por sorpresivo que pudiera parecer, Artículo 19 expuso que la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ha padecido un uso indebido, ya que se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público.
Según el reporte, hay casos donde esta figura ha sido utilizada para eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder.
Destacó que esta tendencia no es nueva, ya que desde 2016 se había advertido sobre el uso faccioso del marco legal mexicano para hostigar a la presa. No obstante, en solo siete meses de 2025 se superó el número de víctimas registradas en cualquier año anterior.
En el estudio se puede leer que varias demandas por daño moral fueron interpuestas contra periodistas en estados como Veracruz, Yucatán y Ciudad de México, y que los procesos derivaron órdenes judiciales para retirar contenidos periodísticos de plataformas digitales.
Artículo 19 concluyó que “la utilización del aparato judicial como herramienta de censura constituye una amenaza directa a la democracia y al derecho de la sociedad a estar informada”.
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