Washington D.C. – El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por presunta “persecución política”.
En un comunicado oficial, el conglomerado señaló que esta acción tuvo cabida en una reunión entre Salinas Pliego y Pedro Vaca, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, quienes coincidieron en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Washington D.C.
Según lo expuesto, la denuncia señala “la persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, destinada a restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público, todo en clara violación de la Convención Americana sobre Derechos Humano”.
Se reveló que en la conversación, Salinas Pliego explicó las diversas herramientas de represalia utilizadas por el Estado como la criminalización de la crítica.
Lo anterior, ejemplificando que documentaron cómo el Estado, presuntamente, “utiliza los medios de comunicación y vocerías oficiales para dañar la reputación del señor Salinas Pliego y sus empresas con el objetivo de silenciar la disidencia.
Te podría interesar
Otra herramienta de represalia mencionada fue el hostigamiento administrativo, donde Grupo Salinas expuso que “sus empresas han sido objeto de auditorías excesivas por parte de todo el aparato institucional del Estado, duplicándose en las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum respecto a periodos anteriores”.
Se continuó con la captura del Poder Judicial, advirtiendo que hay un documento que señala que la reciente reforma judicial en México “ha erosionado la independencia de los tribunales, dejando a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a los abusos del Ejecutivo”.
Por último, se habló de un uso político del aparato fiscal, y sobre este tema Salinas Pliego reveló que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, “el Estado ha respondido con negativas y trato discriminatorio, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio”.
Grupo Salinas consideró que el caso que aqueja a su líder trasciende a lo personal, y lo definió como un aviso sobre “la crisis institucional en México, la toma del Estado por parte de los carteles y un llamado a defender la libertad y el Estado de Derecho en el país”.
“A través de esta acción, se solicita al organismo internacional que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en nuestro país”, concluye el comunicado.