Ciudad de México. - Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido por ser acusado de liderar una red de empresas fantasma, habría cedido los derechos de un rancho de lujo ubicado en Palm Beach, Florida, al exfuncionario Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien trabajara en la administración de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán (2015-2021).
Según reportes, esta transferencia ocurrió ocho meses después de que el actual mandatario michoacano, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, denunciara que la administración de su antecesor otorgó un contrato millonario a una empresa de Álvarez Puga para realizar supuestas labores de espionaje.
Este rancho se encuentra en el número 4985 de la calle Stables Way, en la villa de Wellington; cuenta con más de 15 mil metros cuadrados y fue comprado por Álvarez Puga en el año 2019, a un costo de 4.9 millones de dólares.
Situado en una de las capitales ecuestres del mundo, este predio tiene una caballería para doce ejemplares, seis potreros, una alberca con jacuzzi, habitaciones con acabados de lujo y su propia pista de equitación.
Esta propiedad salió a la luz pública en el año 2022, después de que el diario El País revelara que Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, dejaron el rancho como garantía de pago de un crédito hipotecario que ascendía los cuatro millones de dólares.
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La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha escarbado a fondo en el tema, y ha descubierto que en agosto de 2022, una empresa llamada Stables LLC –empleada por Álvarez Puga para adquirir la finca- cedió los derechos de la propiedad a Raik Holdings Corp., compañía presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien fue titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Michoacán.
Víctor Manuel Álvarez Puga es un abogado y empresario mexicano, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, que en octubre de 2025 fue detenido en Florida, Estados Unidos por estar en una situación migratoria irregular.
Sin embargo, en México se le señala como el artífice de una red de "empresas fantasma", a través de la cual se benefició de aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos del erario público, específicamente a través de contratos con la Secretaría de Gobernación.
Enfrenta acusaciones por delitos graves que incluyen:
- Delincuencia organizada.
- Lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita).
- Peculado.
- Defraudación fiscal.
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