Ciudad de México.- La gestión de Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) enfrenta severas acusaciones de autoritarismo y corrupción. Según una denuncia pública difundida por la investigadora Alma Maldonado, excolaboradores de la dependencia reportan un entorno de violencia laboral, despidos arbitrarios y castigos físicos, como el envío de personal a bodegas a modo de represalia.
Abuso de poder y violencia
El testimonio señala que la administración de Arriaga utilizó a la policía para desalojar a trabajadores de sus espacios físicos y confiscó herramientas de trabajo sin previo aviso. La misiva cuestiona la "calidad moral" de Arriaga al victimizarse tras su salida, señalando que bajo su mando se ignoraron sistemáticamente los derechos de quienes estaban contratados por honorarios.
La red de "cobros indebidos"
La acusación más alarmante involucra a Sady Loaiza, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. De acuerdo con el denunciante, Loaiza habría orquestado una red de extorsión contra los propios trabajadores:
Modus operandi: Se presionaba a empleados de su equipo para solicitar dinero a otros compañeros.
Destino de los fondos: Los recursos eran depositados en la cuenta personal de la pareja de Loaiza.
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Justificación: Se alegaba falsamente que el dinero era para cubrir "necesidades de la dirección".
Falta de ética institucional
La denuncia subraya la contradicción entre el discurso de justicia social de la Nueva Escuela Mexicana y las prácticas internas de la DGME. Mientras el presupuesto de la dirección aumentó un 228% en 2024, los trabajadores denuncian haber sido tratados bajo una estructura de miedo y control absoluto. La carta concluye reafirmando la importancia de luchar contra la injusticia, incluso cuando el adversario ostenta un poder desproporcionado.