Ciudad de México.- Luego de solamente tener dos días de sesiones, los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán un asueto de siete días, el cual fue avalado por la Junta de Coordinación Política, teniendo la próxima sesión programada hasta el 10 de febrero.
Durante las sesiones se desahogaron actos protocolarios como la instalación del Congreso General, el envío a comisiones de diversos informes institucionales y la conmemoración de la Constitución de 1917, además de una ronda de iniciativas que no incluyó reformas constitucionales y una efeméride por el Día Mundial contra el Cáncer.
Entre los temas que confrontaron a las diferentes bancadas fue la tragedia del Tren Interoceánico la solicitud de un minuto de silencio por víctimas de Venezuela, la cual fue cuestionada pidiendo que en su lugar fuera por temas nacionales como el de la Guardería ABC.
Pese a los llamados de la Mesa Directiva para frenar la confrontación y encauzar el debate por vías institucionales, las diferencias no se resolvieron y la sesión concluyó entre señalamientos cruzados.
Al clausurar los trabajos, se confirmó que el pleno retomará actividades hasta el 10 de febrero, mientras que únicamente dos comisiones sesionarán durante la semana.
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De esta forma, a pesar de no tener el puente largo por la conmemoración de la Constitución Mexicano, lo canjearon por una semana libre.
'Jueces sin rostro' y trabajo de 40 horas: los temas que analiza el Senado
El Senado de la República prepara un parlamento abierto para revisar la iniciativa que plantea permitir el anonimato de jueces y magistrados en procesos penales relacionados con delincuencia organizada, una figura que, si bien es considerada necesaria, también genera preocupaciones en materia de derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que el objetivo es perfeccionar la propuesta mediante una regulación estricta que limite su uso a casos verdaderamente excepcionales.
En paralelo, el Senado alista el dictamen para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de manera gradual hasta 2030.
La reforma, impulsada desde el Ejecutivo, busca acercar a México a los estándares de la OCDE y modificar el artículo 123 constitucional.