Puebla.- La situación jurídica de Marilyn Cote se complica. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que la hoy imputada ha sido vinculada a proceso por dos nuevos casos de usurpación de funciones, sumándose a la lista de denuncias por presunta atención médica ilegal.
Las nuevas pruebas
Según las investigaciones, el Ministerio Público presentó datos sólidos sobre dos incidentes específicos:
Caso 2019: En la colonia Azcárate, donde diagnosticó un trastorno mental y suministró fármacos controlados.
Caso 2024: En las Torres Médicas II de Cholula, donde trató a una víctima por ansiedad y depresión durante cinco meses.
Prisión preventiva justificada
Debido a la acumulación de delitos —que incluyen usurpación de profesión y amenazas con arma de fuego— el juez de control ratificó la medida de prisión preventiva. Cote continuará recluida en el Cereso de San Pedro Cholula, enfrentando también las denuncias interpuestas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Este caso se ha convertido en un referente sobre la importancia de verificar las credenciales de los profesionales de la salud a través de los registros oficiales de la Dirección General de Profesiones.
Un expediente que sigue creciendo
La caída de Marilyn Cote no solo se debe a la usurpación de funciones. El historial delictivo que la Fiscalía ha integrado incluye:
Usurpación de profesión: El cargo central por carecer de títulos y cédulas médicas.
Amenazas calificadas: Derivado de un incidente en noviembre de 2023, donde presuntamente amagó a un vecino con un arma de fuego.
Presión institucional: La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal también ha tomado parte activa en las denuncias, buscando sentar un precedente contra el fraude académico y profesional.
Nota de seguridad: Las autoridades instan a la población a utilizar el Registro Nacional de Profesionistas para validar la autenticidad de cualquier médico o especialista antes de iniciar un tratamiento.
Medidas cautelares
Dada la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, Cote permanecerá recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Pedro Cholula. La defensa tendrá un plazo establecido por el juez para la investigación complementaria, mientras más víctimas continúan acercándose a la Fiscalía para presentar sus testimonios.