La violencia escolar en México ocupa titulares con creciente frecuencia: estudiantes que atacan a sus docentes, maestros que humillan o agreden a sus alumnos, padres de familia que irrumpen violentamente en planteles. Entre 2020 y 2026 se han documentado docenas de amenazas y agresiones físicas que han terminado en lesiones o tragedias. El caso más reciente de un alumno de preparatoria que asesinó a dos maestras en el estado de Michoacán obliga a preguntar qué está pasando en las escuelas de nuestro país, tanto a nivel básico como a nivel medio superior.
Aunque la prevalencia de bullying y otras formas de violencia escolar en México se sitúa en el promedio de la OCDE y de otras organizaciones como el Centro para el Desarrollo Global, la gravedad y la recurrencia de estos episodios revelan dimensiones del problema que las estadísticas oficiales no logran capturar. Para comprender qué hay detrás de estos hechos, hemos realizado una investigación cualitativa para recoger los testimonios de la violencia escolar, poniendo énfasis en la perspectiva de los agresores. Para ello llevamos a cabo entrevistas en varios estados de la República con estudiantes (ahora mayores de edad) que admitieron haber agredido a sus maestros durante los años de primaria y secundaria, así como con maestros que fueron testigos directos de agresiones cometidas por sus colegas en contra de sus alumnos.
Los hallazgos muestran que la agresión de estudiantes hacia docentes no es un acto aislado, sino que es la expresión de tensiones acumuladas – fracaso académico, disfunción familiar, fragmentación comunitaria y violencia en el entorno – que encuentran en la violencia un canal de salida. Los maestros se convierten en el blanco de frustraciones que van mucho más allá del aula, dado que suelen ser las figuras de autoridad más cercanas a los estudiantes. Al mismo tiempo, la agresión de docentes hacia estudiantes emerge de un desequilibrio estructural entre exigencias laborales extremas, las expectativas sociales y la ausencia de apoyo institucional: número de alumnos que sobrepasan por mucho la buena práctica internacional, infraestructura precaria, sobrecarga administrativa, desprestigio de su trabajo y apoyo limitado para formación profesional. En ambos casos, la falta de regulación psicoemocional contribuye a que las tensiones entre docente y alumnos broten de manera violenta
A esto se suma a la desconfianza que tiene muchos docentes respecto a los mecanismos institucionales establecidos para reportar las agresiones, y el miedo a represalias futuras, tanto de alumnos, padres de familia, o del mismo personal escolar. Este vacío perpetúa el silencio, normaliza la violencia y deja sin respuesta dinámicas que, de no atenderse, escalan. Algunas medidas de política pública tomadas recientemente para atender la violencia escolar en México – por ejemplo, las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones – aunque bienintencionadas, resultan insuficientes para resolver las condiciones estructurales que rodean tanto a los alumnos como a la profesión docente. Garantizar entornos escolares seguros debe ser un componente central en la agenda gubernamental y no tratarse como un tema secundario. De no atenderse el tema con una estrategia integral, se corre el riesgo de que la violencia escolar se siga reproduciendo.