Culiacán. – El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones del Distrito Sur de Nueva York y la DEA acerca de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En un mensaje emitido a través de sus redes sociales, el político de 76 años aseguró que demostrará que no ha incurrido en delitos relacionados con el narcotráfico.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, señaló.
‘Es un ataque a la 4T’
En este mismo escrito, Rocha Moya calificó que esta acusación es un ataque contra él y en general, contra el movimiento de la Cuarta Transformación. Asimismo, declaró que la Constitución Mexicana ha sido violada por Estados Unidos, toda vez que se trata de un golpe contra la soberanía nacional.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, dijo.
Finalmente, Rubén Rocha Moya envió un mensaje al pueblo de Sinaloa, asegurando que demostrará la falta de sustento de lo que calificó como una “calumnia”.
Rocha Moya enfrentaría cadena perpetua
Tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como otros nueve funcionarios acusados como el exsecretario general de Sinaloa, Enrique Inzunza, podrían recibir una pena máxima de cadena perpetua, de acuerdo con jueces estadounidenses.
En el caso del mandatario estatal, los cargos que enfrenta son: conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Todos los implicados han sido acusados de haber participado en una “conspiración corrupta y violenta” de narcotráfico con el Cártel de Sinaloa, para supuestamente importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
Además desempeñaron funciones en favor del grupo delictivo, como protección a los líderes y facilitación de información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a cambio de millones de dólares.
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