Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, causó un fuerte revuelo político tras negarse a ofrecer declaraciones claras respecto al paradero actual del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La polémica declaración
El incidente ocurrió durante un encuentro con medios de comunicación, donde los reporteros cuestionaron de manera directa a la encargada de la política interna del país sobre la ubicación y el estatus del mandatario sinaloense. Ante la insistencia, Rodríguez lanzó una respuesta que sorprendió a los presentes:
"Ahora sí que, ¿y yo qué?".
A pesar de la evasiva, los periodistas continuaron presionando para obtener una postura oficial del Gobierno Federal. Ante esto, la secretaria de Gobernación cortó los cuestionamientos remitiéndose a las declaraciones previas del Ejecutivo:
- Postura oficial: La funcionaria afirmó de manera tajante que las respuestas definitivas sobre ese caso ya habían sido expuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.
- Fin de la discusión: Con esta declaración, Rodríguez evitó profundizar en el tema o dar detalles sobre si el gobierno mantiene contacto con el gobernador con licencia.
El contexto de la licencia
El silencio de la titular de la Segob ocurre en medio de un clima de hermetismo y especulaciones que rodean la ausencia de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo en un contexto de alta tensión en el estado de Sinaloa.
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La reacción de la secretaria ha encendido el debate entre las bancadas de oposición, quienes acusan una falta de transparencia por parte de las autoridades federales para esclarecer la situación del mandatario.
En otros hechos, confirma UIF bloqueo a cuentas de Rocha Moya y asegura que es 'preventivo'
El pasado 18 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de exfuncionarios acusados por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, entre ellos el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus hijos.
La dependencia aclaró que la medida se activó tras reportes de alerta del sistema financiero mexicano para proteger su integridad, por lo que se trata de una acción administrativa que no implica una declaración de culpabilidad definitiva.
Actualmente, la UIF analiza la documentación bajo criterios técnicos mientras los implicados mantienen sus derechos de defensa. Este anuncio ocurre luego de que exfuncionarios señalados, como Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, se entregaran voluntariamente a las autoridades estadounidenses.