Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo inmediato de 32 cuentas bancarias pertenecientes a una presunta red de corrupción que operaba en el estado de Morelos.
La medida cautelar afecta directamente los activos de 22 personas físicas y 10 empresas que servían como fachada para el blanqueo de capitales.
Perfil de los implicados
La información fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que las indagatorias financieras permitieron identificar una estructura donde convergían diversos sectores de la entidad. Entre los sujetos sancionados se encuentran:
- Servidores públicos: Presidentes municipales en funciones y diversos funcionarios de ayuntamientos locales.
- Actores clave: Operadores políticos, líderes sociales y actores económicos de la región que facilitaban el flujo de recursos.
El vínculo con el narcotráfico
El secretario federal enfatizó que la peligrosidad de esta red radica en su componente criminal, ya que las investigaciones de gabinete arrojaron un presunto vínculo de complicidad y financiamiento con un operador regional del Cártel del Pacífico que mantiene presencia en el estado de Morelos.
Con esta acción, las autoridades federales buscan asfixiar la estructura financiera del grupo delictivo, el cual utilizaba el cobro de cuotas, el desvío de recursos públicos y la complicidad gubernamental para consolidar su control territorial.
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Las cuentas permanecerán congeladas mientras la Fiscalía General de la República (FGR) integra la carpeta de investigación correspondiente por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En otros hechos, confirma UIF bloqueo a cuentas de Rocha Moya y asegura que es 'preventivo'
El pasado 18 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos y otros exfuncionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La dependencia aclaró que la medida se activó de forma administrativa tras reportes de alerta del sistema financiero mexicano. Esto tiene como fin proteger la integridad bancaria y no constituye una determinación definitiva de culpabilidad.
Actualmente, la UIF analiza la documentación de los implicados bajo criterios técnicos. Hasta el momento, de los once exfuncionarios investigados, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses, acción que fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum