Chihuahua.— Una inversión de más de 200 millones de dólares en tecnología de vigilancia y el uso de drones para patrullar la frontera con Texas forman el núcleo del polémico acuerdo de seguridad firmado por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván.
Los compromisos económicos y operativos asumidos por el gobierno estatal con la administración texana volvieron al centro del debate público tras la difusión de las grabaciones del encuentro.
El convenio establece que el presupuesto millonario se destinará a equipo de alta tecnología para el control de los cruces hacia Estados Unidos.
Entre las acciones principales destaca el despliegue de aeronaves no tripuladas (drones) a lo largo del Río Bravo para vigilar el flujo migratorio y combatir el tráfico de sustancias ilícitas, una tarea que la legislación mexicana reserva exclusivamente a las fuerzas federales.
Vigilancia e inspección en la frontera
Las grabaciones muestran al gobernador de Texas, Greg Abbott, detallando los acuerdos antes de estampar su firma.
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El mandatario estadounidense destacó que Chihuahua se comprometió a aplicar medidas reforzadas mediante la Plataforma Centinela, un sistema diseñado para el rastreo de vehículos de carga desde los parques industriales de Ciudad Juárez hasta las aduanas internacionales.
Como beneficio inmediato por aceptar estas condiciones y destinar los recursos públicos a la protección del territorio vecino, Texas aceptó reabrir con normalidad los cruces comerciales.
Además, el gobierno texano exentó a los camiones procedentes de Chihuahua de las revisiones mecánicas exhaustivas que mantenían colapsada la economía de la región fronteriza, una medida de presión que continuó aplicando a otros estados de la República Mexicana.
Cuestionamientos legales y citatorio
La inversión y las operaciones aéreas pactadas de forma independiente con un gobierno extranjero encendieron las alarmas en el ámbito federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las administraciones estatales no cuentan con facultades constitucionales para establecer convenios bilaterales en materia migratoria o aduanal con otros países.
En este contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) citó formalmente a la gobernadora de Chihuahua a comparecer como testigo el próximo 27 de mayo.
La mandataria estatal confirmó su asistencia para responder por estas acciones, argumentando que las mesas de trabajo en la frontera se realizaron con personal del Departamento de Estado y la DEA, descartando la intervención de agencias de inteligencia.