Ciudad de México.- Con un total de 316 votos a favor y 123 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electores, con lo cual se espera la creación de una comisión que analice la probable relación de candidatos con el crimen organizado.
Esta comisión llevaría por nombre Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y actuaría como un órgano técnico del INE. Esta comisión actuaría con instituciones de seguridad, como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La discusión de esta reforma se realizó este miércoles a más de 140 reservas al dictamen.
¿Cómo actuará esta comisión?
Se informó que revisar los perfiles de cada aspirante será de manera voluntaria por parte de los partidos políticos y del propio candidato o candidata.
Una vez que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas realice la investigación, entonces se determinará la procedencia del registro de personas evaluadas
En cado de encontrarse información “relevante” que pudiera comprometer a las y los candidatos, entonces “las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, de acuerdo a sus atribuciones, iniciarán o continuarán las investigaciones que correspondan”, menciona el dictamen.
Fue el pasado 21 de mayo, cuando Claudia Sheinbaum anunció que enviaría al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información de seguridad sobre aspirantes a candidaturas para las elecciones estatales y municipales de 2027.
Durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum; Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, explicó que la propuesta busca prevenir postulaciones de personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027 (...) para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, declaró.
Según explicó, los partidos podrán entregar de forma voluntaria listas de aspirantes para consulta y las instituciones responderán únicamente si existe o no un “riesgo razonable”, sin revelar detalles de investigaciones en curso.