Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los servidores públicos estatales señalados recientemente por agencias estadounidenses, no cuentan con ninguna notificación de búsqueda internacional o ficha roja emitida por la Policía Internacional (Interpol).
A través de un mensaje en video, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Carlín, fijó la postura oficial de la institución respecto al estatus jurídico de las 10 personas que fueron vinculadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con presuntos nexos operativos con el Cártel de Sinaloa.
Avances en las comparecencias y estatus legal
El vocero ministerial detalló que el desahogo de las investigaciones se está realizando de manera formal en territorio nacional bajo los procedimientos del código penal mexicano:
"Podemos informar que cinco de ellos ya comparecieron y continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se cuadre algún delito. Es importante referir que ninguno cuenta con ficha roja de Interpol", puntualizó Carlín.
Con estas declaraciones, la FGR precisó que, aunque las carpetas de investigación federales continúan integrándose con el fin de deslindar responsabilidades en caso de acreditarse conductas ilícitas, los funcionarios bajo escrutinio no tienen órdenes de captura internacional vigentes ni estatus de prófugos de la justicia, por lo que sus comparecencias se han llevado a cabo bajo el marco de los derechos procesales ordinarios.
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En otros hechos, Maru Campos entrega escrito a FGR para no aportar información sobre operativo con agentes de la CIA
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, entregó un escrito formal negándose a aportar información sobre el operativo antidrogas en la Sierra del Pinal, donde intervinieron agentes de la CIA y se desmanteló un narcolaboratorio.
El vocero de la FGR, Ulises Lara, aclaró que la mandataria y el exfiscal César Jáuregui fueron citados estrictamente como testigos, y subrayó que su fuero constitucional no impide que colaboren con la investigación.
Por su parte, Campos acusó que el citatorio es una "persecución política" y una simulación de Morena para fabricarle un caso penal, señalando que el Gobierno Federal busca torcer la ley mientras "abraza a los delincuentes".
Finalmente, la fiscalía confirmó que ningún funcionario de Sinaloa compareciente cuenta con ficha roja de Interpol.