Tijuana.— La Fiscalía General de la República (FGR) localizó e intervino un paso subterráneo transfronterizo en el municipio de Tijuana, Baja California, el cual presuntamente era utilizado por grupos de la delincuencia organizada para el traslado ilegal de sustancias ilícitas, armamento y materiales explosivos hacia el territorio de los Estados Unidos.
El hallazgo se derivó de un operativo de inspección ministerial en un inmueble urbano.
De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por la dependencia federal, la estructura cuenta con una longitud aproximada de 265 metros y se localiza a una profundidad de 6.30 metros.
El espacio subterráneo se encontraba acondicionado con sistemas de iluminación eléctrica, mecanismos de ventilación forzada y un riel con un carro electrónico deslizante diseñado para operar en ambos sentidos de la frontera, facilitando el movimiento de carga entre México y el estado de California.
Operativo y aseguramiento en la colonia Nueva Tijuana
La ubicación del pasadizo se efectuó luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaran una orden de cateo en un inmueble localizado en la colonia Nueva Tijuana.
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La movilización policial se originó a partir de indagatorias previas relacionadas con presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como a la Ley General de Salud.
Al interior del domicilio, el personal ministerial e investigadores federales recolectaron diversos indicios que permitieron establecer que la propiedad operaba como un centro de almacenamiento secundario y base logística para el tráfico transnacional.
En el sitio se aseguraron cargamentos de cartuchos útiles de diversos calibres, dosis de sustancias con características de la metanfetamina y la marihuana, además de equipos de telefonía celular y documentación comercial diversa.
Rutas de traslado e investigación ministerial
Las líneas de investigación coordinadas por los peritos de la fiscalía indican que el túnel finaliza su recorrido subterráneo en una vialidad del área de San Diego, California.
Las autoridades federales señalaron que el desmantelamiento de este punto de cruce inhabilitará una de las rutas de tránsito y afectará los esquemas logísticos utilizados por las redes de contrabando en la región fronteriza.
Los objetos asegurados, los materiales químicos y el inmueble quedaron bajo el resguardo formal de la autoridad federal y a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF) en la delegación de Baja California.
Dicha representación social continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para identificar a los propietarios del predio y a los operadores de la estructura.