Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó la postura del Gobierno Federal respecto a los funcionarios de Sinaloa acusados por los Estados Unidos de mantener nexos con el crimen organizado, señalando que el procesamiento y la valoración de las evidencias es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR).
El pronunciamiento se da luego de que en una audiencia celebrada en Nueva York, la jueza de la causa contra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, afirmara que las agencias estadounidenses cuentan con evidencia abundante en este caso.
Al ser cuestionada sobre la colaboración de México, la mandataria mexicana puntualizó de forma textual:
“Le corresponde a la Fiscalía General de la República en su momento analizarlas”.
Plazos judiciales en el caso de Gerardo Mérida
En paralelo a las declaraciones de la titular del Ejecutivo, el proceso judicial en los Estados Unidos avanzó en materia de tiempos procesales:
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Luz verde a la Fiscalía: La jueza de la Corte de Nueva York aprobó formalmente el plazo de 60 días planteado por el ministerio público estadounidense para organizar y desglosar el volumen de las pruebas recabadas.
Entrega a la defensa: Una vez concluido este periodo de análisis, la fiscalía norteamericana estará obligada a entregar de manera íntegra los elementos probatorios al equipo legal del exsecretario sinaloense para que preparen su estrategia de defensa antes del inicio del juicio formal.
En otros hechos, Sheinbaum pide al embajador de EU que 'respete los asuntos internos' de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, que "respete los asuntos internos" del país.
Esto ocurrió tras una publicación del diplomático en redes sociales donde afirmaba que la lucha contra los carteles debe unir a ambas naciones y no convertirse en una discusión política.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la tarea diplomática debe limitarse a la coordinación y colaboración, ya que los asuntos políticos de México competen exclusivamente a los mexicanos.
Asimismo, la mandataria invocó los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, llamando a la ciudadanía a defender la soberanía nacional.
Este intercambio de declaraciones se suscita en un contexto de tensiones bilaterales, acrecentadas luego de que Estados Unidos acusara de narcotráfico a diez funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.