Ciudad de México. - La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que continuará con el proceso penal en contra de ex servidores públicos del IMSS implicados en la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, en la que perdieron la vida 49 niños y decenas resultaron lesionados.
La postura de la institución federal derivó de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo pleno determinó que los delitos relacionados con el siniestro constituyen violaciones graves a los derechos humanos y por tanto, no pueden prescribir por el paso del tiempo. También se planteó que no resultaba aplicable el último párrafo del artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al considerar que la regla especial de prescripción sólo opera para los delitos previstos en el artículo 107 Bis del Código Penal Federal.
El procedimiento se sigue contra dos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, bajo la modalidad de comisión por omisión.
La institución señaló que la decisión de la Corte fortalece el acceso a la justicia para grupos de atención prioritarias, particularmente niñas y niños, quienes fueron victimas directas de los hechos ocurrido en la estancia infantil.
La controversia llegó al Máximo Tribunal luego de que Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, promovió un recurso de revisión para impugnar su vinculación a proceso, bajo el argumento de que la acción penal en su contra había vencido en 2019.
Al analizar el asunto, la Ministra ponente Loretta Ortiz Ahlf descartó los argumentos de la defensa y advirtió sobre la imposibilidad de archivar el expediente.
Durante la sesión, el debate también abordó las condiciones del esquema de estancias infantiles subrogadas vigentes durante el sexenio de Felipe Calderón. La corte destaco que la resolución toma en cuenta la multiplicidad de bienes jurídicos afectados, así como los derechos humanos vulnerables en perjuicio de niñas, niños y sus familias, estas ultimas reconocidas como victimas indirectas.
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La FGR reiteró su compromiso para esclarecer los hechos y combatir la impunidad con apego a las implicaciones del debido proceso.