Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Antonio Molina Díaz, exservidor público señalado por su presunta relación con la estructura delictiva y de desvío de recursos encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
La captura se ejecutó mediante un operativo desplegado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
A Molina Díaz se le acusa de formar parte de una red criminal dedicada al desvío de recursos públicos, además de enfrentar cargos directos por los delitos de peculado y delincuencia organizada.
Perfil y antecedentes del detenido
De acuerdo con los reportes de inteligencia de las autoridades federales, el imputado desempeñó un papel clave dentro del sistema penitenciario mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto:
- Cargo público: Entre los años 2013 y 2018, ocupó la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
- Vinculación con García Luna: Las líneas de investigación de la FGR lo ubican como uno de los operadores que dieron continuidad a los contratos irregulares y manejos financieros de la estructura construida por García Luna en administraciones previas.
Al momento de ser interceptado por los agentes federales, el detenido se encontraba en posesión de identificaciones falsas, diversos dispositivos de telefonía celular y una cantidad no especificada de dinero en efectivo.
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Tras su captura, fue puesto a disposición del juez de control correspondiente para dar inicio a su proceso penal y determinar su situación jurídica.
En otros hechos, México gana demanda en Miami: Ordenan pagar 578 mdd por corrupción de García Luna
El pasado 20 de mayo, un tribunal de Florida dictó una sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano por más de 578.5 millones de dólares, vinculados al esquema de corrupción de Genaro García Luna.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP informó que el fallo obliga a la familia Weinberg y a sus empresas a pagar dicha cantidad como reparación del daño patrimonial al erario.
La resolución se logró tras acreditarse la operación de una red de personas físicas y morales que obtenía contratos públicos de forma indebida, utilizando mecanismos financieros ilícitos para transferir y ocultar los recursos en el extranjero.
Esta sentencia civil se suma a las emitidas previamente contra el exsecretario y su cónyuge para recuperar activos desviados.