Ciudad de México.- Tras los señalamientos sobre una presunta investigación por parte de Estados Unidos contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, los titulares de comunicación de ambas entidades salieron a rechazar la información difundida.
En el caso de Sonora, Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, negó que exista alguna indagatoria en contra del mandatario estatal y desmintió la versión atribuida a un medio internacional
“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia.”
De forma similar, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, rechazó los señalamientos difundidos y los calificó como infundados a través de sus redes sociales:
“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por LA Times sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde.”
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Además, Algarín subrayó que no existe evidencia que sustente lo publicado, al señalar: “nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”.
De acuerdo con lo reportado por Los Angeles Times, tanto Durazo como Villarreal habrían sido objeto de medidas relacionadas con sus visas estadounidenses en el contexto de investigaciones en curso en Washington.
En el caso del gobernador de Sonora, fuentes anónimas indicaron que su visa habría sido retirada el año pasado, mientras que en el de Villarreal, la investigación estaría vinculada con el contrabando de combustible robado, conocido en México como “huachicol”, según personas cercanas al caso.
Estos señalamientos se suman a los realizados en abril por el Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios estatales.