Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó sobre la detención del exmilitar mexicano Enrique Martínez, quien está presuntamente vinculado al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La captura del exmiembro del Ejército Mexicano, de 32 años de edad, se efectuó el pasado miércoles en la localidad de Hawthorne, California, por parte de agentes adscritos a la oficina de ICE en Los Ángeles.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la agencia estadounidense en su cuenta de la plataforma X, Martínez es requerido por la justicia en México bajo cargos de desaparición forzada de personas.
El imputado permanecerá bajo la custodia de las autoridades migratorias norteamericanas en tanto se realizan los trámites legales correspondientes para su formal deportación y entrega a las autoridades mexicanas.
En otros hechos, Sheinbaum pide al embajador de EU que 'respete los asuntos internos' de México
El pasado 2 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a respetar los asuntos internos del país y limitarse a tareas de coordinación bilateral.
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El pronunciamiento ocurrió en su conferencia matutina, luego de que el diplomático pidiera en redes sociales dejar la discusión política fuera de la lucha conjunta contra el narcotráfico.
Sheinbaum subrayó que los embajadores mexicanos no opinan sobre la política de otras naciones y apeló a los principios constitucionales de autodeterminación y no intervención.
Asimismo, recordó su reciente discurso del segundo aniversario de su triunfo electoral, donde acusó a Washington de injerencista y convocó a la ciudadanía a defender la soberanía nacional, manteniendo una buena relación pero exigiendo respeto.
Por su parte, Johnson argumentó que politizar el desafío de la seguridad representa una oportunidad perdida para proteger a los ciudadanos del miedo y la corrupción de los cárteles.
Este cruce de declaraciones se enmarca en un clima de tensión bilateral, acrecentado desde que Estados Unidos acusó a diez funcionarios mexicanos, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de delitos vinculados al narcotráfico y posesión de armas.