Ciudad de México.- El móvil del multihomicidio de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y productor de Camilo Séptimo, y de su familia habría tomado un nuevo giro, luego de que trascendiera en medios que el crimen estaría relacionado con una importante cantidad de dinero en bitcoins y dólares.
De acuerdo con versiones difundidas este jueves, Diego Sebastián “N”, detenido por su presunta participación en el asesinato, habría cambiado la versión que inicialmente se manejó sobre el motivo del ataque.
En un primer momento se señaló que habría acudido al penthouse de Jonathan para reclamar un supuesto préstamo de 300 mil pesos.
Sin embargo, según lo que trascendió en medios, una de las líneas de investigación más recientes apunta a que el objetivo principal del ataque no habría sido un robo convencional, sino la búsqueda de una memoria USB que contendría claves de acceso a activos digitales valuados en aproximadamente 30 millones de pesos en bitcoin.
El multihomicidio dejó como víctimas a Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y Aleyda Romero, trabajadora del hogar de 21 años. Un niño de la familia sobrevivió tras esconderse durante el ataque.
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Según reportes periodísticos, la investigación también contempla la posibilidad de que el ataque estuviera relacionado con negocios que ambos mantenían en el sector de rentas vacacionales. Jonathan y Rosen Ferlini habrían tenido una relación comercial vinculada con propiedades para hospedaje temporal.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene el robo como una de las principales líneas de investigación y, hasta ahora, no ha confirmado públicamente que los bitcoins sean el móvil definitivo.
El caso también ha llevado a revisar antecedentes y señalamientos que ya existían contra Diego Sebastián “N”,.
De acuerdo con información difundida por medios, antes del multihomicidio había sido señalado públicamente por presuntos fraudes relacionados con rentas vacacionales.
Usuarios denunciaron problemas con reservaciones, cancelaciones y falta de devolución de pagos en propiedades ubicadas en destinos como Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán. Algunas acusaciones difundidas en redes sociales involucrarían cantidades superiores a 500 mil pesos.