El próximo año, las empresas mexicanas podrían ser obligadas por Ley a contratar Personas con Discapacidad (PcD) y aunque muchas ya lo hacen, el ordenamiento plantea una oportunidad laboral para más de seis millones de personas en el país.
Desde febrero del 2022, el Pleno del Senado aprobó reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, lo que fue punto de partida para facilitar el acceso de las PcD al mundo laboral.
Los legisladores empezaron a ser más consistentes en el tema. En agosto, la diputada Noemí Salazar, de Morena, propuso que se estableciera que toda empresa ocupara en su plantilla al menos un 1% de PcD. La iniciativa fue avalada con observaciones.
Para abril pasado, de nuevo en la Cámara baja, la también morenista Yessenia Leticia Olúa presentó otra iniciativa.
Olúa buscaba que las contrataciones de personas discapacitadas fueran obligatorias, pero planteaba un 4% de presencia en las plantillas. Sin embargo, después la propuesta se ajustó otra vez a 1 por ciento.
“Son varias las iniciativas en las dos cámaras del Congreso y los porcentajes han variado, pero todas avanzan sobre lo mismo: crear leyes que hagan obligatoria la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo, el tema va más allá de la obligatoriedad y de un porcentaje, es un todo”, plantea Armando Guajardo, director jurídico de la Coparmex Nuevo León.
El también expresidente de la Comisión Laboral de la Coparmex nacional, detalla que ya son muchas las empresas que tienen una estrategia de inclusión, pero considerar la obligatoriedad no es la solución.
Además, el representante de la cámara patronal recomienda considerar la adaptación de espacios físicos en las oficinas, o bien desarrollar infraestructura para el correcto desempeño de las PcD en las áreas de trabajo.
“Se dice fácil, pero es un trabajo que involucra a todos los actores, es decir, políticos, empresarios, organizaciones civiles, sociedad, al rubro de salud, no sólo a las empresas”, expresa el representante empresarial.
La inclusión es una tendencia impulsada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Entre las metas está también poner fin a la pobreza y al hambre, así como lograr la seguridad alimentaria, e impulsar la salud, la educación, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y el acceso al agua y saneamiento.
Una de muchas
Desde 2018 se han redactado diversas iniciativas en las dos Cámaras del Congreso de la Unión sobre la inclusión de Personas con Discapacidad al mercado laboral, pero ninguna ha llegado a ser ley.
El proyecto de Yessenia Leticia Olúa González, de Morena, aún no se dictamina, aunque parece ser el que más posibilidades tiene.
Según el Inegi, México tiene 126.7 millones de habitantes, de las que un 4.9% tiene algún tipo de discapacidad, es decir, 6 millones 179,890 personas. Y de éstas apenas 1.8 millones tienen trabajo.
Fue este panorama el que llevó a la organización de un foro para discutir la iniciativa de la diputada Olúa, cuya dictaminación y votación en el pleno podría ocurrir el próximo periodo de sesiones, es decir, a partir de febrero de 2024.
De las mesas de trabajo de los legisladores salieron temas que podrían reformular la iniciativa o crear otras subsecuentes. Sin embargo, para Olúa “por algo hay que empezar” y ese algo es la obligatoriedad, aunque todavía faltan de ser discutidos temas como las jornadas laborales, las prestaciones, salarios e incentivos fiscales para las PcD, entre otros.
Guajardo, de Coparmex, insiste en que la iniciativa debe ser extensiva al sector público y no quedarse sólo en la IP.
“En el sector privado ésta o cualquier iniciativa que busque integrar a estas personas al ámbito laboral será bien vista, pues muchas compañías ya tienen una estrategia bien definida de inclusión y están ocupadas del tema. Sin embargo, hay que ponernos de acuerdo en que debe ser un esfuerzo multifuncional, donde también esté el sector público”, expresa Guajardo.
La iniciativa contempla también una penalización por no cumplir con la obligatoriedad, es decir, multas para empresas que podrían ir desde $26,000 a $260,000 pesos aproximadamente.
Sin embargo, en caso de que el gobierno incumpliera, “¿cómo tendría que ser sancionado?”, cuestiona Guajardo.
México va tarde
La iniciativa de Olúa contempla la participación tanto del sector privado como el público, pero en este último no están planteadas penalizaciones, ya que éstas serían muy difíciles o casi imposibles de aplicar, pues la ley mexicana no lo permite.
La autonomía de los tres poderes con presupuestos específicos y sensibilidad distinta, es una barrera, admite el documento.
En América Latina, en cambio, la obligatoriedad es pareja. De acuerdo con un estudio de 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llamado “Somos todos: Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe”, al menos 15 países de la región tienen cuotas de empleo en empresas y entidades gubernamentales para PcD, donde el porcentaje de obligatoriedad ha ido creciendo con los años hasta el 5 por ciento.
Esto demuestra que en México vamos tarde. “Por ello es necesario que el país siga en ese camino y unifique su Ley Federal de Trabajo con estándares internacionales, pues hasta hoy en ningún apartado se hace referencia al porcentaje mínimo de PcD que deben ser contratadas”, considera la iniciativa de Olúa.
Beneficios palpables
Hacer más inclusiva a la estructura empresarial del país, podría generar que el PIB de México aumentara entre 2 y 3%, según estimaciones del Banco Mundial (BM) en su estudio “Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: un camino hacia el desarrollo sostenible”.
Y es que la exclusión, plantea, genera pobreza. Hoy en América Latina el salario que percibe una PcD es hasta -11% menor que el de una persona que no tiene discapacidad, lo que implica repercusiones para la economía.
En la región uno de cada cinco hogares en zonas de pobreza extrema tienen un miembro con discapacidad, y siete de cada 10 hogares con personas con discapacidad son vulnerables a caer en pobreza, dice el Banco Mundial.
Mientras, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su estudio “Factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad”, destaca que la mayoría de estas personas con trabajo generan rendimientos a las empresas, pues son disciplinadas, saben laborar en equipo, además de que apoyan y mejoran el ambiente y el clima laboral, así como la reputación de la empresa.
Y esto se debe, resalta la OIT, a que en su mayoría son personas a las que les ha costado mucho conseguir una plaza y luchan por mantenerla.
La OIT dice que está probado que incluir a personas con discapacidad, genera un efecto motivador en otros, mejorando las relaciones internas, causando un sentimiento de orgullo sobre la compañía y aumentando su capital reputacional.
Cambio de chip
Hoy en México, la mayoría de las empresas con iniciativas de inclusión son medianas o grandes.
“Sin embargo, existe la conciencia de empezar a permear esta idea hacia las micro y pequeñas, pero con topes objetivos y razonables para que estos puedan ser cumplidos”, destaca Guajardo.
El propio Banco Mundial recomienda crear programas público-privados para reconocer la inclusión de la discapacidad a través de incentivos, pues cuando hay una obligatoriedad, la mayoría de las veces, no se responde como cuando es una iniciativa voluntaria.
“La implementación de cuotas obligatorias pueden llevar a crear plazas y salarios ‘sólo’ por cumplir con la ley”, destaca el estudio.
En México, desde 2004 existe una asociación empresarial llamada Movimiento Congruencia que genera sinergias con empresas y organizaciones que forman parte de la Red Mundial de Empresas y Discapacidades de la OIT.
Entre sus miembros están: Arca Continental, AutoZone, Axtel, Cemex, Chubb, Deacero, Protexa, Heineken México, InverCap, Metalsa, Nemak, Proeza, Sigma, Tigres, The Home Depot y Xignux.
Otra institución similar es Éntrale, que opera desde 2015 y fue creada por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), formando también parte de la Red de la OIT.
Éntrale agrupa a más de 800 empresas así como a fundaciones y universidades, que participan con cursos, talleres y herramientas, y una bolsa de trabajo.
La organización dice haber colocado a más de 50,000 PcD desde su fundación.
Un estudio de la consultora PageGroup reveló, no obstante, que en México sólo tres de cada 10 empresas incluyen a PcD en su cadena de valor, aunque esto no significa que haya desinterés.
“Una empresa debe ser inclusiva por el simple hecho de que tiene clientes de todo tipo”, destaca en tanto un estudio de OCCmundial.
Así, compañías como Bimbo, Banregio, Lala, Modelo, AT&T, Ford, Rotoplas, Gruma, Citibanamex, Softec y otras más, están montadas en el carril de la inclusión desde hace varios años.
Aun así, el presidente de Éntrale, Joaquín Vargas Guajardo, reconoció en abril pasado que “muchas empresas no le han entrado y muchas personas con discapacidad siguen sin conseguir un empleo digno”.
Y planteó que “es necesario contagiar a todo México con el espíritu de la inclusión”.
Toman la delantera
Hoy la regiomontana Cemex destaca por su estrategia de inclusión laboral. Hace ocho años, la cementera creó un Centro de Alerta y Monitoreo de Seguridad Industrial, cuya base está conformada totalmente por PcD.
La diversidad laboral, ha dicho Cemex, “es clave para lograr un posicionamiento positivo, la atracción del mejor talento y el enriquecimiento de la organización al reclutar colaboradores sólo por su capacidad, experiencia, conocimiento y habilidades”.
Otro ejemplo es la también regia Xignux, cuya política de diversidad e inclusión laboral ha permitido que más de 60 PcD trabajen en el grupo.
Desde 2017, otra empresa con sede en Monterrey, Banregio, creó un plan de diversidad e inclusión que se actualiza continuamente. De los 6,246 colaboradores del banco, 52 tienen alguna discapacidad.
También de Nuevo León, FEMSA informó en marzo pasado que ya empleaba a más de 2,000 personas con discapacidad. Como parte de su Estrategia de Sostenibilidad, la empresa dice tener a la diversidad, equidad e inclusión como temas prioritarios.
Oxxo, en tanto, tiene cuatro Centros de Capacitación Laboral Dirigida a nivel nacional, en los cuales habilitan salas de entrenamiento que simulan la operación de sus tiendas para brindar capacitación laboral a personas con discapacidad, buscando impulsar su desarrollo y potencial.
La discapacidad nunca dejará de existir por lo que todos los actores políticos, sociales y económicos están llamados a entenderla y abrir más oportunidades para las PcD. En la medida en que empresas y gobiernos trabajen juntos para mejorar sus condiciones y darles oportunidades laborales, la sociedad será mejor.