La interrupción del embarazo no es una opción, sino un derecho y una decisión compleja que debe ser tomada en libertad y con todas las garantías de seguridad e integridad: si algo de esto no existe porque el gobierno ha decidido prohibir el derecho —o limitarlo, como en el caso de Nuevo León— la salud mental está en riesgo y hay que atenderla.
Apenas en mayo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló una parte del artículo primero de la Constitución del Estado que buscaba proteger la vida “desde el momento de la concepción”.
Es una reforma promovida y aprobada durante la Administración del Bronco, pero que el gobierno de Samuel García ha insistido en mantener, igual que la clasificación del aborto voluntario como delito.
Más allá de lo que determine la autoridad, ejercer el derecho al aborto es una situación compleja que demanda acompañamiento humano.
Primero, hay que hacerle sentir a las mujeres que viven esta decisión que no están solas y acercarles información sobre espacios seguros para practicar un aborto si es que esa es su elección y ser acompañadas psicológicamente.
Aquí recupero los principios de una relación de ayuda como los enseñó Carl Rogers, el padre del Desarrollo Humano: empatía, escucha activa y aceptación positiva incondicional.
Siempre digo que no se trata de ponerte en los zapatos de la otra persona para pensar tú qué harías en su lugar, sino de escucharla sin juicios para que lo que ella hace en su lugar adquiera sentido frente a sí misma y le permita sanar desde ese reconocimiento consciente de su realidad. Algo muy difícil de lograr.
Durante muchos años se difundió en medios de comunicación y debates políticos la versión de que las mujeres que abortaban padecían severos daños en su salud mental y hoy sabemos que es falso.
En realidad, estudios científicos de universidades tan reconocidas como UCLA conducidos con perspectiva de género demuestran que quienes más sufren estragos como depresión, ansiedad, arrepentimiento y estrés post traumático son las mujeres que eligen abortar pero no tienen acceso a esa posibilidad.
Solo un dato como ejemplo: una investigación del Programa de Avances y Nuevos Estándares en Salud Reproductiva de la Universidad de California en San Francisco encontró que el 99% de las mujeres que abortaron no se arrepentían de su decisión uno, tres y cinco años después.
Al Estado le toca garantizar desde el plano legislativo que el aborto pueda realizarse de manera legal y segura, es increíble que en pleno 2022 sigamos negociando derechos.
También campañas masivas para combatir los prejuicios y cargas morales que todavía rodean el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo a través de información clara, accesible y científica.
Este 28 de septiembre conmemoramos el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe; una nueva oportunidad para Nuevo León de adpotar una visión abierta y progresista sobre salud reproductiva para garantizar que la maternidad sea elegida.
Bio
La autora es Doctorante en Historia del Pensamiento por la UP, Maestra en Desarrollo Humano por la Ibero, egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres en la Universidad de Oxford. Fundó y dirige Ola Violeta A.C., desde donde trabaja por el derecho a la conciencia corporal de niñas y mujeres. Su buzón de twitter está disponible en @MaElenaEsparza