A escasos días de que se cumpla el plazo para que el Ejecutivo del Estado presente sus proyectos de leyes de ingresos y egresos para el año 2025, es oportuno destacar la importancia de que en este presupuesto se contemple que los municipios de Nuevo León cuenten con suficientes recursos para atender de manera rápida y eficiente las demandas de sus ciudadanos.
El municipio es la autoridad más cerca a los ciudadanos y, por lo tanto, es el primer respondiente que atiende las peticiones de sus gobernados. Sin recursos económicos suficientes, los municipios difícilmente podrán cumplir con sus obligaciones constitucionales señaladas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asumir la responsabilidad de la seguridad pública, la recolección de basura y el mantenimiento de la infraestructura urbana, como alumbrado, calles, plazas y avenidas requiere de recursos económicos que no difícilmente pueden obtener con sus ingresos propios.
Con una visión municipalista, la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, aprobó un dictamen para modificar la Ley de Coordinación Hacendaria, con el fin de incrementar del 20 al 30 por ciento el reparto de las participaciones federales.
Esta propuesta tiene su origen en una iniciativa presentada por un grupo de presidentes municipales de la zona metropolitana y del área rural del estado, a fin de responder mejor a las necesidades más urgentes de sus gobernados.
Estamos seguros que una mejor redistribución de los recursos hacia los municipios, además de permitirles atender las necesidades más urgentes de los grupos vulnerables, les ayudará a financiar proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo económico y social a largo plazo. Esto, a su vez, permitirá reducir la migración poblacional de las áreas rurales a la zona metropolitana y disminuirá la carga del Estado en la atención de estos grupos vulnerables.
Debemos ver al presupuesto como una herramienta que fomente la equidad y fortalezca los gobiernos municipales, para avanzar en la reducción de las desigualdades y abatir el rezago en la prestación de servicios de calidad a todos los ciudadanos, independientemente del municipio que habitan.
Nuevo León no puede permitirse otro año sin un presupuesto. Es indispensable que el Ejecutivo cumpla en tiempo y forma con su responsabilidad de presentar sus propuestas de ingresos y egresos. Una vez recibido, será labor del Legislativo, en ejercicio de sus facultades constitucionales, analizar, modificar en su caso y aprobar el presupuesto que mejor responda a las necesidades del estado.
El objetivo es claro, necesitamos finanzas públicas que no solo garanticen la estabilidad económica, sino que también promuevan la equidad, impulsen la justicia social y fomenten un desarrollo sostenible. Solo así podremos asegurar que cada uno de los 51 municipios de Nuevo León cuente con los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, reducir las desigualdades y construir un futuro más próspero para todas y todos.