El derecho a la movilidad es un derecho humano consagrado tanto en la Constitución Política de México como en la del Estado de Nuevo León.
EL artículo 49 de la Constitución local establece literalmente: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Todas las personas tienen derecho a un transporte público de calidad, digno, eficiente, accesible inclusivo y con altos niveles de cobertura territorial”.
El texto constitucional es impecable, pero no corresponde con la realidad que enfrentan diariamente miles de nuevoleoneses, quienes viven una situación de movilidad deficiente con un sistema de transporte público incapaz de cubrir la creciente demanda en la zona metropolitana, y más aún en los municipios periféricos de rápido crecimiento.
La falta de unidades de transporte urbano obliga a los usuarios a pasar entre tres y cuatro horas diarias esperando el camión que lo lleve a sus destinos de trabajo o centros de estudio. Esto afecta tanto la salud física como la mental de las personas, ya que reduce las horas de descanso y de convivencia en sus familias, además de impactar de manera negativa en la productividad laboral y el rendimiento académico de los estudiantes.
El gobierno del estado ha reconocido sus limitaciones financieras y operativas para resolver este problema, ya que abordar al mismo tiempo la construcción de varias líneas del metro, así como otros proyectos de obra pública constituyen una gran carga financiera.
Sin embargo, en lugar de elaborar una estrategia planeada y aprobada por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, se publicó un acuerdo para crear las Rutas Exprés Integradas. Esta medida ha incrementado la tarifa de casi la mitad de las unidades de transporte público del estado, elevándola en un 25 por ciento, al pasar de 12 a 15 pesos por viaje.
En el Congreso del Estado, la mayoría de las bancadas nos pronunciamos en contra del incremento disfrazado a la tarifa, el que, además, no ha sido aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad. Esto hace que ese esquema tarifario, además de injusto, ilegal, por lo que he solicitado al titular del Instituto que deje sin efecto el acuerdo mediante el cual se crean las Rutas Exprés Integradas, y a que diseñen un plan de movilidad integral, buscando no afectar el bolsillo de los usuarios.
Las y los nuevoleoneses merecemos un transporte público efectivo, accesible, inclusivo y de calidad, como lo señala la Constitución. Necesitamos una movilidad que, en lugar de ser un obstáculo para el desarrollo de la entidad, sea un facilitador de oportunidades para todos. Los tres órdenes de gobierno, en conjunto con la sociedad organizada, tenemos el enorme reto de construir una movilidad que sea digna y justa para todas y todos.