Una de las aportaciones más reconocidas del periodo de la Ilustración en la Francia del siglo XVIII fue el concepto de derechos humanos. Grandes filósofos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu expusieron en sus obras este concepto. En un inicio, los derechos promovidos por los revolucionarios franceses se centraban en el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, es decir, derechos civiles.
A lo largo de la historia, fueron evolucionando e inscribiéndose los derechos humanos en la Constitución y leyes de más y más países que transitaron hacia la democracia. Y después de la segunda guerra mundial, la Organización de las Naciones Unidas de recién creación, promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hablando por primera vez de derechos universales inherentes al ser humano independientemente de su nacionalidad, raza, género o religión.
Los derechos humanos evolucionan en función de los tiempos, las coyunturas, y sucesos históricos que despiertan la conciencia. Los derechos de primera generación incluían derechos civiles y políticos, como por ejemplo el derecho del pueblo a definir la forma de gobierno que quiere por medio del voto. Sin embargo, las mujeres inicialmente quedaron excluidas de este derecho. Pero gracias a la lucha de millones de ellas en el planeta, poco a poco, lograron en casi todos los países poder votar y ser votadas.
Los derechos de segunda generación incluyen derechos económicos, sociales y culturales. Un ejemplo claro de ello es el derecho a la educación, que obligó a la creación de sistemas educativos públicos y gratuitos. Más adelante en el siglo XX, aparecen los derechos de tercera generación, de carácter más colectivo, como lo es por ejemplo el derecho a un medio ambiente sano. Finalmente, la última discusión sobre derechos de “cuarta generación” se enfoca a todo lo relacionado con el acceso a la tecnología, toda vez que hoy tener acceso a internet en muchos países se considera tan básico e imprescindible, como tener acceso a la electricidad.
Desde el año 2020 se reconoció en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la movilidad, que también se incluyó en la reforma constitucional en Nuevo León en el año 2021. Toda persona en México tiene derecho a una movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible y de calidad. El elemento de seguridad se refiere a poder desplazarse sin riesgos en cualquier medio usado. La accesibilidad se refiere a que cualquier persona, independientemente de su edad, condición económica o física, debe poder desplazarse. El elemento de sostenibilidad alude obviamente a medios de desplazamientos menos contaminantes, en particular medios no motorizados.
Se considera que este derecho humano a la movilidad permite habilitar y facilitar el acceso a otros derechos: a la educación, a la salud, al empleo, y a muchos más. El derecho a la movilidad nos iguala a todas y todos en circunstancias, independientemente de nuestra condición socioeconómica, geográfica o física.
La principal obligación y tarea de los gobiernos es la protección, promoción y facilitación del acceso universal a todos los derechos garantizados en la Constitución. Dado el contexto que nuestro estado ha estado viviendo en cuanto a movilidad, quisiera invitar a los amables lectores a la siguiente reflexión: ¿Es universal el acceso a la movilidad en nuestro estado? ¿Cualquier persona independientemente de su condición física, económica, social, de género, puede desplazarse libremente y con una multiplicidad de opciones incluyendo aquellas que son sostenibles? ¿Es seguro desplazarse en Nuevo León? ¿Las personas que se mueven caminando o en bicicleta, tienen la posibilidad de hacerlo sin correr riesgos? ¿Y las que usan medios motorizados también se mueven con la seguridad de no sufrir accidentes? ¿Existen múltiples opciones que no contaminen y de paso, no alteren el derecho a la salud y a un medioambiente sano?
Siempre que escuchemos propuestas de nuestros gobernantes en torno a la movilidad, invito a que nos cuestionemos sobre la compatibilidad de estas propuestas con la obligación que tiene el gobierno a garantizar el derecho de TODAS LAS PERSONAS a la movilidad. En Nuevo León, se han invertido miles de millones de pesos en los últimos años para construir infraestructuras orientadas únicamente a satisfacer la demanda de un grupo en particular, que por sus características económicas puede tener acceso a un auto particular. La enorme mayoría de estas inversiones no incluyeron ni banquetas ni carriles para ciclistas, carriles para transporte público ni paradas de autobuses. Los proyectos construidos tampoco protegen el medio ambiente, ya que fomentaron más el uso de vehículos particulares. Los gobiernos federal, estatal y municipales, deben incorporar la perspectiva de derechos en sus políticas públicas, y asegurarse que sus proyectos realmente beneficien a todas y todos, y no sólo a una pequeña fracción de la comunidad.
Sandrine Molinard es directora del Consejo Cívico