Cada 10 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos recuerda que fue un 10 de diciembre de 1948 cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este documento histórico establece que los derechos fundamentales deben protegerse en todos los rincones del planeta, sin importar raza, religión, género, nacionalidad, creencias u otras condiciones. Surge como respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, en especial al holocausto y al genocidio contra el pueblo judío, actos que la humanidad condenó de manera unánime.
Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre los avances en la protección de los derechos fundamentales, denunciar las violaciones que persisten y renovar el compromiso de construir un mundo más justo, donde nadie vea vulnerada su dignidad.
Los derechos humanos son principios universales que reconocen y protegen la dignidad inherente a todas las personas. Son inalienables, interdependientes e indivisibles, y se fundamentan en el respeto a la dignidad de cada individuo, sin importar su origen étnico, idioma, religión o cualquier otra condición.
Sin embargo, a pesar de los 76 años desde su aprobación, seguimos enfrentando graves violaciones. Casos como las desapariciones forzadas de personas son una muestra dolorosa de la deuda pendiente que tenemos como sociedad.
La corrupción y los derechos humanos están profundamente interrelacionados. La corrupción no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también socava los principios de igualdad, justicia y dignidad que los derechos humanos promueven. Cuando los recursos públicos destinados a educación, salud, agua potable y vivienda son desviados, se priva a la población de sus derechos económicos, sociales y culturales. Además, la corrupción en el sistema judicial perpetúa la impunidad, dejando a las víctimas sin acceso a justicia ni reparación.
En el Congreso, tenemos la responsabilidad de legislar para combatir estas problemáticas y garantizar que cada acción fortalezca los derechos humanos, ya sea promoviendo la equidad de género, mejorando la movilidad, garantizando el acceso a la salud y la educación o fortaleciendo la seguridad, todas estas acciones están profundamente vinculadas con la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales.
Como Presidenta del Congreso y de la Comisión Anticorrupción, mi compromiso es claro, trabajar junto con mis compañeros legisladores para promover leyes que defiendan los derechos humanos y enfrenten las causas estructurales de la corrupción, porque solo uniendo estos esfuerzos lograremos construir un Nuevo León donde la justicia, la dignidad y el respeto sean pilares inquebrantables.
El respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción no son esfuerzos aislados sino caras de una misma moneda; con ambas acciones construiremos una sociedad más justa, equitativa y solidaria, donde los recursos lleguen a quienes más los necesitan y donde ninguna persona se quede atrás en el disfrute de sus derechos.