El término "justicia presupuestal" debe entenderse como la necesidad de que los ingresos estatales, derivados de los impuestos, derechos y aprovechamientos que pagan los ciudadanos, se distribuyan equitativamente.
Esto implica que el presupuesto de egresos no solo debe atender las necesidades de los habitantes de la zona metropolitana, sino también de todos los municipios de Nuevo León, desde Anáhuac hasta Mier y Noriega.
En nuestros 51 municipios, las necesidades son muchas y urgentes. Desde la reparación de infraestructura y pavimentos severamente afectados por fenómenos naturales, como la tormenta tropical Alberto, hasta la provisión de servicios esenciales como el traslado en ambulancias para enfermos hacia hospitales cercanos, la lista de pendientes es larga y no puede esperar.
La semana pasada, alcaldes y representantes de organismos autónomos acudieron al Congreso del Estado para subrayar la urgencia de contar con recursos suficientes en el presupuesto del próximo año.
Los municipios foráneos enfrentan problemas estructurales, ya que además de no contar con recursos para cubrir la nómina, carecen de gasolina para las pocas patrullas y ambulancias disponibles; no tienen medicamentos, ni clínicas adecuadas para atender a sus habitantes y faltan recursos para apoyar a las familias vulnerables, ya sea con despensas o con medicinas que requieran.
La situación es insostenible. Por ejemplo, en algunas comunidades ni siquiera hay ambulancias suficientes para emergencias básicas, lo que refleja un abandono que no podemos ignorar. Además, en los municipios foráneos, los ciudadanos van y buscan al alcalde o alcaldesa hasta su casa para exigir soluciones a sus problemas.
Por otra parte, tenemos a los organismos estatales al borde del colapso. El Poder Judicial ha advertido que se encuentra al límite de su capacidad operativa. La Fiscalía General de Justicia enfrenta un panorama igual de grave, con agentes ministeriales que manejan más de 400 carpetas de investigación cada uno, el rezago en la impartición de justicia es inevitable.
Además, tenemos instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y otros que han expresado sus propias carencias presupuestales, lo que compromete su capacidad de cumplir con sus funciones.
Es importante señalar que Nuevo León no ha tenido un presupuesto aprobado por el Congreso en dos años consecutivos debido a la irresponsabilidad del Ejecutivo, quien decidió no presentarlo en los términos establecidos por nuestra Constitución. Esta omisión no solo es una falta grave, sino que ha generado incertidumbre financiera y administrativa en todo el estado.
En el Congreso estamos plenamente conscientes de la urgencia de contar con un presupuesto. Sin embargo, este debe ser justo, equilibrado y responsable. Nos negamos a aprobar un proyecto que ignore las necesidades de miles de personas en municipios foráneos, que comprometa la impartición de justicia o que hipoteque el futuro de las próximas generaciones con una deuda incontrolable.
Nuestra responsabilidad como legisladores es garantizar que el presupuesto sea una herramienta para el desarrollo de todos los nuevoleoneses. Por eso, trabajaremos para que este sea un presupuesto equitativo, enfocado en las necesidades reales de la ciudadanía y libre de agendas personales o políticas.
Estamos convencidos de que la justicia presupuestal es el camino hacia un estado más equitativo y con mayores oportunidades para todos.