México ha tenido un breve periodo en el que la sociedad civil logró movilizarse con un notable apoyo ciudadano para impulsar y conseguir importantes reformas legales, resultando en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), diseñado para prevenir, detectar y sancionar la corrupción.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, una serie de escándalos grotescos, dignos del surrealismo de André Breton, alimentaron la indignación ciudadana, como la Casa Blanca que fue investigada por el secretario de la función pública y amigo del presidente, Virgilio Andrade; o los gobernadores corruptos como los Duarte de Chihuahua y Veracruz. Todos recordamos cómo la corrupción, en casos trágicos como lo ocurrido en la Guardería ABC en Sonora o el Colegio Rebsamen en la Ciudad de México, causó la muerte de personas y contribuyó a un hartazgo que movilizó a la sociedad civil.
Desafortunadamente, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus equivalentes estatales a partir del año 2017 despertó más esperanzas que certezas.
A pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles, fundaciones internacionales y agencias extranjeras, así como una gran cantidad de recursos invertidos para su creación y lanzamiento, los resultados obtenidos por el SNA han sido limitados.
El sistema ha tenido muchos asegunes, pero el principal problema contra el que nada ni nadie ha podido poner un freno, ha sido la astucia de los partidos políticos y sus miembros.
Ampliaré esta idea a continuación:
A más de siete años de su creación, la mayoría de las organizaciones civiles coinciden en un factor común de fracaso: la captura política del sistema nacional anticorrupción y sus equivalentes estatales.
Los partidos políticos han sido excelsos cuando se trata de fortalecer el pacto de impunidad que protege a los corruptos.
Realmente, los casos de políticos mexicanos sancionados por corrupción han sido mínimos. Por lo general, no sólo reina la impunidad, sino que la opacidad impide a la población mexicana captar la verdadera naturaleza y magnitud del fenómeno de la corrupción.
En el año 2018, una amplia parte del electorado votó para castigar los excesos del PRI en Los Pinos y en los Estados.
Andrés Manuel López Obrador decretó con su llegada al poder que se había acabado la corrupción en el gobierno federal. En su mente, basta con que el Presidente sea impoluto para que el resto de los políticos sean purificados y absueltos de sus pecados.
Sin embargo, desde su toma de protesta sólo hemos podido observar cómo la cobija que protege a los corruptos creció para acomodar nuevos partidos y figuras en el poder. Escándalos de magnitudes sin precedentes como el fraude de Segalmex y enriquecimientos fuera de proporción, están a la orden del día en México.
La falta de indignación ciudadana ante la corrupción actual es preocupante. ¿Acaso nos estamos acostumbrando, como la rana de la fábula que se adapta al agua que poco a poco va hirviendo?
Tal vez el único remedio que nos queda es el repudio social y el castigo en las urnas a la clase política.
Cerremos nuestras puertas a estas personas que traicionan nuestra confianza, abusan de nuestro dinero y nos toman por tontos.
No seamos complacientes ni cómplices. Si los criticamos en privado, no actuemos en su presencia como si fueran nuestros amigos.
El castigo a los corruptos debe comenzar desde la ciudadanía, con nuestra coherencia y rechazo firme.