Garrote o mallete

Todas las voces reconocen la necesidad de un cambio al Poder Judicial, pero no su destrucción, sugieren una reforma integral a todo el sistema que alcance a las fiscalías y los poderes judiciales estatales.

Escrito en OPINIÓN el

El tic tac del reloj avanza, la ruta está trazada y parece no haber punto de retorno, sólo algunos escarceos que terminan en monólogos frustrados cuando se ha tratado de discutir la reforma al poder judicial en los foros implementados por el congreso federal supuestamente para escuchar las voces que difieren de la mal llamada reforma judicial.

Digo mal llamada reforma pues el solo hecho de cambiar un sistema por otro no puede ser calificada como reforma sino hasta en tanto esta importa una mejora o innovación, lo cual en la realidad dista mucho de significar un cambio positivo en nuestro cuestionado sistema judicial que sin duda merece cambios, pero no su destrucción.

Después de atender y escuchar muchas opiniones y foros en los que se ha discutido el tema, confieso que no conozco una sola opinión autorizada o calificada que sostenga que la reforma traerá consigo una mejoría en el sistema de impartición de justicia por el contrario mientras más se discute, más opiniones negativas se suman.

Todas las voces reconocen la necesidad de un cambio, pero no su destrucción, sugieren una reforma integral a todo el sistema en el que no solo intervienen juzgadores federales sino otros agentes jurídicos que complementan el círculo judicial como las fiscalías y los poderes judiciales estatales de donde derivan la inmensa mayoría de los juicios que terminan resolviéndose por la justicia federal quien se ve obligada a enmendar los errores cometidos en otras instancias.

Litigantes, académicos, investigadores, juzgadores nacionales y extranjeros se suman a la oposición en contra del plan C concebido supuestamente para democratizar al poder judicial cuando lo pretendido es su sometimiento, desaparecer de facto la división de poderes para concentrar los tres en uno solo. El ejecutivo que dispondrá de todas las consideraciones y circunstancias políticas y jurídicas para que sus deseos sean ordenes, para que sus proyectos no tengan impedimento constitucional aún y cuando los mismos sean contrarios a la Carta Magna.

Jueces constitucionales sin méritos académicos, serán contratados en base a su popularidad y a la cercanía con sus empleadores, dejarán de interpretar la Constitución y se convertirán en simples argumentadores de la voluntad del ejecutivo. Deberán dar forma y apariencia jurídica a los designios de quien ostenta el poder, del que tiene la sartén por el mango a través de una estructura que con apariencia democrática podrá castigarlos o premiarlos según convenga mediante un órgano disciplinario que vigilará su actuación.

Los juzgadores serán castigados con el garrote cuando su mallete suene dictando sentencia en contra de los intereses de quien los designó para ocupar el cargo, lo mismo sucederá cuando su mallete se oponga a los intereses de quien patrocinó sus campañas. Cambiarán el mallete por el garrote, la ley del más fuerte será impuesta.

Popularidad antes que certidumbre jurídica. Quienes hoy guardan silencio son cómplices y mañana serán víctimas de su omisión.