Hereda litigios
Dicen Los Infiltrados que las sesiones de transición en el municipio de San Pedro, que empezaron muy civilizadas según presumió el alcalde Miguel Treviño, se van a poner complicadas en cuanto se aborden los temas delicados.
Los litigios por Torres Ysabella, la casa de Las Calzadas y hasta el museo La Milarca son “papas calientes” que apenas están por discutir las administraciones saliente y entrante y no quedarán resueltas por el actual gobierno.
Además, el equipo del panista Mauricio Fernández ya está corriendo contra reloj si quiere echar para atrás el cambio de las densidades en el Casco que autorizó el actual Cabildo, pues hay desarrolladores preparando su estrategia legal para aprovechar el nuevo reglamento.
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Reto complicado
La violencia que generan grupos de delincuentes y ha disparado el número de homicidios no es el único reto que enfrenta la Secretaría de Seguridad y Fuerza Civil, que encabeza Gerardo Escamilla.
Dicen Los Infiltrados que el reclutamiento de nuevos elementos es otro de los problemas que debe resolver la corporación, pues cuenta con 4 mil 600 efectivos, pero requiere de otros mil 500 para tener una plantilla suficiente.
Irónicamente, una de las complicaciones que enfrenta Escamilla para convencer a los jóvenes a portar el uniforme es que Nuevo León es un Estado con salarios competitivos, donde siguen llegando empresas ofreciendo condiciones atractivas de empleo.
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Rechaza reforma
El presidente del Tribunal Superior de Justicia en Nuevo León, el magistrado Arturo Salinas, aprovechó los reflectores del informe de labores que ofreció ayer para externar su rechazo a la reforma judicial que implementa el gobierno federal.
El magistrado aseguró que los problemas que aquejan al Poder Judicial no se resolverán eligiendo a los jueces por votación popular, pues esto podría comprometer la imparcialidad con la que se deben manejar porque harían compromisos con el electorado.
Además, Salinas se pronunció porque las sustituciones que se lleven a cabo sean de forma gradual y sin que los 2 mil 500 trabajadores del Poder Judicial en Nuevo León pierdan sus derechos.