Cada día, miles de personas en nuestra área metropolitana extendida realizan un largo peregrinaje hacia sus lugares de trabajo o estudio. Mientras que quienes utilizan un automóvil privado padecen el intenso tráfico a todas horas, quienes dependen del transporte público enfrentan un verdadero viacrucis. Según la encuesta Así Vamos 2024, los usuarios de transporte público pasan 2 horas con 21 minutos en promedio diario en su viaje principal, cuando en 2019 era de 1 hora con 55 minutos.
Este problema no es reciente. Las autoridades estatales han tenido conocimiento de esto desde hace varios sexenios y han invertido millones de pesos en estudios realizados por firmas reconocidas para diagnosticar, comprender y resolver el problema, o, al menos, intentarlo. En este espacio, quiero reflexionar sobre algunas de las razones por las que, a pesar de estudios, inversiones en Ecovía, nuevas líneas de metro y autobuses, la situación sigue empeorando.
Primero, el “modelo tradicional” de transporte público entró en crisis severa hace unos ocho o nueve años. Esto implica que el estado concesiona el servicio a particulares y asume un rol de regulador del servicio y gestor del sistema, limitándose a actualizar las tarifas cuando las condiciones de operación del concesionario empeoran. Aunque este esquema funcionó durante muchos años, ofreciendo opciones de viaje a precios accesibles y cubriendo gran parte del territorio, se basa en una premisa insostenible en el largo plazo: los autobuses deben ir relativamente llenos para garantizar un margen de ganancia adecuado, y los usuarios pagar una tarifa suficiente para garantizar la rentabilidad del transportista.
Aquí entra el segundo problema. Como bien dijo el gobernador en su evaluación anual 2024 por Cómo Vamos Nuevo León, nuestro estado ha sido "víctima de su propio éxito". En una sociedad que idolatra los valores del vecino estado de Texas, poseer un automóvil es casi un símbolo de ascenso social. Nuestro estado presume uno de los PIB per cápita más altos del país, una elevada tasa de empleos formales y un mayor bienestar material comparado con otros estados, pero el efecto colateral es somos el estado más motorizado de México: En Nuevo León, según el Instituto de Control Vehicular, el parque vehicular creció 52 por ciento en ocho años, llegando a cerca de 2.3 millones en 2023. Al tener menos usuarios el transporte público, se genera un círculo vicioso: menos usuarios implica menos ingresos, lo que a su vez empeora la calidad del servicio, reduciendo la frecuencia y calidad, y provocando aún menos usuarios.
El tercer problema es el crecimiento desordenado de nuestra mancha urbana. Los alcaldes han otorgado permisos de construcción sin coordinación ni planeación. Ejemplo claro: el fraccionamiento Real de Palmas en Zuazua, con 14 mil viviendas construidas en una zona sin escuelas, hospitales, empleos cercanos ni acceso al transporte público. Proveer servicio en estas ciudades “dormitorio” es un reto monumental que el gobierno estatal ha tenido que asumir, ya que no es rentable para las empresas transportistas. La falta de un transporte público adecuado y suficiente en la zona periférica del área metropolitana es hoy un problema que afecta gravemente la vida de miles de nuevoleoneses.
El cuarto problema es la proliferación de "soluciones rápidas” de infraestructura que solo agravan el tráfico vehicular. Me refiero a los pasos a desnivel, elevados o hundidos. Estas obras son la opción fácil para decir que el alcalde está actuando por la movilidad: se realizan en un trienio, se inauguran con bombo y platillo, aparecen en informes de gobierno. Tan pronto el alcalde finaliza su trienio, estos pasos a desnivel ya demuestran altos niveles de congestionamiento. (Claro ejemplo es el recién inaugurado paso a desnivel en la avenida Leones).
Quizá el más grave de todos los problemas es la crisis de liderazgos y gestión en nuestros gobiernos estatales. Los nuevoleoneses hemos padecido una falta de dirección al frente de las secretarías responsables de la movilidad. Hoy, corregir el rumbo es complejo e implica además que el Gobernador asuma un costo político elevado. Las soluciones necesarias requieren cambios profundos en paradigmas urbanos, sociales y culturales que, a estas alturas, no solo enfurecerán a los usuarios del transporte colectivo, sino también, y especialmente, a los automovilistas.
La medicina necesaria es amarga, pero ignorarla solo prolonga el sufrimiento. ¿Tendrá alguien el coraje de administrarla? Eso, querido lector, es algo que aún está por verse.
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Sandrine Molinard es directora del Consejo Cívico.