La insatisfacción con el Poder Legislativo ha sido una constante en el sistema político mexicano. Ahí están, para comprobarlo, los datos más recientes de la ENCOAP del INEGI: los partidos políticos y los congresos estatales registran apenas 42 por ciento de confianza, ubicándose entre las instituciones públicas y privadas peor evaluadas.
En Nuevo León, la Encuesta Así Vamos 2024 profundiza esta tendencia: el Congreso local es la institución pública con menor nivel de aprobación (46 por ciento) y solo dos de cada 10 habitantes afirma conocer a su diputado o diputada.
A esta deteriorada percepción pública se suma el legado de la legislatura anterior, marcada por la parálisis derivada del conflicto abierto y permanente con el Gobierno estatal. El resultado es un Congreso que enfrenta un déficit de confianza, funcionamiento y legitimidad frente a una ciudadanía cada vez más escéptica.
Por esa razón es un buen momento de dar un seguimiento más directo a su labor como proponemos desde Cómo Vamos en alianza con organizaciones y especialistas.
El objetivo es responder a tres preguntas básicas sobre el funcionamiento del Congreso:
1) ¿Tiene Nuevo León las leyes que necesita? Una de las responsabilidades centrales de las y los diputados es dotar al estado del marco normativo necesario para enfrentar sus principales desafíos. Un ejemplo claro del déficit actual es la coordinación metropolitana.
En las últimas dos décadas, el área metropolitana ha crecido de manera desordenada y los municipios dependen de una coordinación eficaz con el Gobierno Estatal. Sin embargo, en ausencia de un marco jurídico que la establezca, tanto los municipios —con la Asociación Metropolitana de Alcaldes en 2015— como el propio estado —con la Mesa de Coordinación Metropolitana en 2021— han intentado crear mecanismos de colaboración que, al no ser obligatorios, han fracasado: todo depende de la voluntad política y no de un mandato legal.
2) ¿Ha cumplido el Congreso su papel de contrapeso? El Congreso tiene la responsabilidad de realizar nombramientos clave, vigilar la hacienda pública y asegurar la rendición de cuentas del Ejecutivo Estatal.
Si bien la actual legislatura consiguió el consenso para nombrar finalmente al titular de la Fiscalía General, las decisiones que se toman desde el Legislativo requieren un escrutinio ciudadano más riguroso, especialmente cuando se politizan procesos tan importantes como la revisión de cuentas públicas.
3) ¿El congreso representa de forma efectiva los intereses de la ciudadanía? Los datos de la Encuesta Así Vamos revelan que la ciudadanía no lo percibe así: seis de cada 10 habitantes consideran que las y los diputados priorizan intereses particulares por encima de los de la población.
El reto es enorme. El Congreso de Nuevo León necesita conectar con la ciudadanía y garantizar que el contenido de las leyes que aprueba responda genuinamente al beneficio social.
El primer paso será abrir diálogo con las bancadas con el fin de lograr una mayor sinergia con la ciudadanía durante los poco menos de 2 años que restan de la actual legislatura. Es momento de cambiar, para bien, la trayectoria del Poder Legislativo de Nuevo León.