Hace algunas semanas se presentó el Presupuesto 2026 para el Estado de Nuevo León. Entre sus planteamientos apareció una propuesta que, desde que se hizo pública, señalé como un grave error: aumentar el Impuesto Sobre Nómina, pasando del 3 al 4 por ciento.
Lo dije desde el primer día: este incremento es un castigo al empleo formal.
Primero, porque el anuncio va en sentido contrario a los esfuerzos nacionales por fortalecer el empleo y a los logros de la Cuarta Transformación, que ha alcanzado el incremento histórico del salario mínimo sin afectar la competitividad ni la estabilidad económica.
Segundo, porque Nuevo León ya tiene uno de los ISN más elevados de México. Subirlo aún más sería devastador, no sólo para quienes generan empleos, sino para quienes dependen de ellos. En un momento económico complejo, en vísperas de la revisión del T-MEC y con un vecino del norte que transita por la incertidumbre, nuestro deber es proteger a los sectores productivos, no debilitarlos.
Castigar al trabajador y al empresario nuevoleonés no es, ni será, la respuesta.
Y tercero, porque se ha intentado justificar este incremento afirmando que los recursos adicionales fortalecerán la seguridad, sin embargo, la realidad nos dice otra cosa.
Este aumento, igual que el incremento en el transporte, las tarifas del agua y el creciente endeudamiento estatal, no responde a una estrategia sólida ni a un proyecto claro: responde a una mala administración y al uso irresponsable de las finanzas públicas.
Con todo y sus alzas, con todo y la deuda, sigue sin alcanzarles. Y no sabemos por qué. A pesar de que la Federación ha enviado a Nuevo León más recursos que nunca; a pesar de nuevos impuestos —como los llamados impuestos verdes—; a pesar del aumento al transporte y al agua, este gobierno siempre está en números rojos.
Preocupa también la manera en la que se pretende imponer una medida con repercusiones tan graves.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa políticas para elevar el salario mínimo y dignificar las jornadas laborales, en diálogo y negociación con los sectores productivos, en Nuevo León se elige la imposición. Mucho menos hubo un diagnóstico técnico que explique por qué, antes de recortar y redistribuir gastos superfluos, es necesario golpear al empleo formal.
Por eso hemos sido claros: quienes pertenecemos a la 4T en Nuevo León no vamos a permitir imposiciones ni decisiones unilaterales que dañen el motor económico del estado.
Lo que el estado realmente necesita es un escrutinio riguroso del Presupuesto, una revisión seria de su gasto y una estrategia responsable que fortalezca la seguridad sin debilitar el empleo formal.
Eso es gobernar con responsabilidad, no ocurrencias.
FRASE:
“Nuevo León ya tiene uno de los ISN más elevados de México. Subirlo aún más sería devastador, no sólo para quienes generan empleos, sino para quienes dependen de ellos”